Golpe a bandas criminales en el Valle
La Fiscalía General de la Nación capturó a seis presuntos integrantes de ‘Los Domiciliarios’.
La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), logró un resultado significativo contra el tráfico local de estupefacientes en el municipio de Restrepo, Valle del Cauca. Mediante un proceso investigativo sostenido, se puso en evidencia el actuar delictivo de un grupo conocido como ‘Los Domiciliarios’, señalado de comercializar drogas bajo la modalidad de entregas a domicilio en la zona urbana de la localidad.
Los implicados
Las diligencias de registro y allanamiento se desarrollaron en los barrios Viento Libre, Luis Carlos Galán y El Alto, donde fueron materializadas las órdenes de captura contra seis presuntos integrantes de la organización. Los detenidos fueron identificados como Carlos Alberto Fernández Valencia, Kevin Steven Tez Urrea, Víctor Andrés Toro Luna, Daniel Alejandro Toro Luna, Jarol Andrés Valencia Guerrero y Jhon Sebastián Ledesma Marín. Todos ellos quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.
Delitos imputados
De acuerdo con los elementos probatorios recaudados, la Fiscalía estableció que el grupo delincuencial mantenía una estructura dedicada a la distribución de narcóticos en pequeñas cantidades, utilizando motocicletas y otros medios de transporte para realizar entregas rápidas en distintos sectores del municipio. Esta modalidad, que buscaba evadir controles policiales y garantizar un flujo constante de clientes, se convirtió en el sello de la organización, generando preocupación en la comunidad por el impacto en la seguridad y la salud pública.
Un fiscal adscrito a la Seccional Valle del Cauca imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Posteriormente, un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario, al considerar la gravedad de las conductas y la necesidad de evitar la continuidad de las actividades ilícitas. La decisión judicial refuerza el mensaje institucional de que el tráfico de drogas, incluso en sus expresiones locales, será enfrentado con rigor.
