Gobierno y Congreso aceleran el debate de la Ley de Rescate Fiscal antes de diciembre.
Tras retirar el IVA a productos de la canasta familiar, el Ejecutivo busca recortar $23 billones en gastos de funcionamiento y fusionar 60 entidades estatales.

El reloj legislativo corre en contra del Gobierno nacional para sacar adelante la denominada Ley de Rescate Fiscal antes del próximo 2 de diciembre. En las últimas horas, el Ministerio de Hacienda y los ponentes de las comisiones económicas del Congreso sostuvieron reuniones clave para redefinir las fuentes de financiación, luego de que el Ejecutivo cediera y retirara la polémica propuesta de gravar con IVA los productos de la canasta familiar y el sector agropecuario.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, advirtió que el país atraviesa un momento crítico que exige medidas estructurales urgentes. Según las cifras oficiales presentadas ante el Legislativo, la deuda pública de Colombia alcanza el 61 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la inversión cayó a un mínimo histórico cercano al 16 %. Además, el funcionario subrayó la necesidad de racionalizar el tamaño del aparato estatal, señalando que actualmente existen más funcionarios públicos que trabajadores en la industria manufacturera.
Como alternativa para cuadrar las cuentas sin golpear el consumo básico de los hogares, el borrador de la ponencia plantea un ambicioso plan de austeridad. La iniciativa contempla la fusión o supresión de cerca de 60 entidades del Estado y un recorte estimado en $23 billones dentro del presupuesto de funcionamiento. Paralelamente, sectores de oposición agrupados en el Frente Amplio anunciaron la radicación de una contrarreforma que propone aumentar el impuesto al patrimonio para capitales superiores a los $3.700 millones.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió un diagnóstico en el que respalda la necesidad de un ajuste creíble. No obstante, el organismo internacional advirtió que, incluso si se aprueba la ley en los términos actuales, el país requerirá reformas adicionales en productividad y pensiones para cumplir con la ancla de la regla fiscal hacia el año 2030. El debate formal iniciará esta semana en medio de un ambiente político altamente polarizado.
Fuente: goggle




