Gobierno revisa 8 decretos laborales: tercerización, acoso y pactos colectivos
El Ministerio del Trabajo puso en revisión ocho decretos laborales expedidos entre 2025 y 2026 que podrían cambiar las reglas para las empresas en Colombia.
Por Yhancy BurgosRedacción EXTRA
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Imagen de portada · Grupo Editorial Central
El Ministerio del Trabajo puso en revisión ocho decretos laborales expedidos entre 2025 y 2026 que podrían cambiar las reglas para las empresas en Colombia.
La propuesta incluye derogar dos normas y modificar otras seis, relacionadas con tercerización laboral, acoso laboral, pactos colectivos, inspección laboral, trabajo doméstico, repartidores de plataformas y periodistas.
El Ministerio del Trabajo proponen derogar dos normas y modificar otras seis, luego de una revisión jurídica en la que identificó disposiciones que, según la entidad, "podrían exceder la potestad reglamentaria del Ejecutivo o desarrollar asuntos que deben ser definidos directamente por la ley o por autoridades judiciales"
Entre los aspectos señalados por el Ministerio se encuentran temas relacionados con la técnica normativa, disposiciones previamente anuladas por el Consejo de Estado y sanciones que, en algunos casos, podrían superar hasta 50 veces los límites previstos legalmente.
La revisión busca ajustar la reglamentación:
El obejtivo de esta revisión es ajustar la reglamentación, sin eliminar los derechos reconocidos en la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo o la reforma laboral.
Para las empresas, el escenario plantea una particularidad: varias de estas reglas fueron
incorporadas recientemente a contratos, políticas y procedimientos internos y ahora podrían modificarse nuevamente.
Los nuevos decretos no sean expedidos, la reglamentación vigente continúa aplicando, por lo que el reto consiste en prepararse sin desmontar anticipadamente obligaciones o controles que siguen siendo exigibles.
"Las empresas no deberían actuar como si los decretos ya hubieran cambiado, pero tampoco conviene esperar a que se publiquen los textos definitivos para evaluar su impacto"
María Camila Ortiz de KPMG en Colombia, explicó que este periodo puede utilizarse para identificar qué contratos, políticas y procedimientos dependen de las normas en revisión y determinar dónde podrían ser
necesarios ajustes.
Cuatro frentes que las empresas deberían revisar
Uno de los principales cambios está relacionado con la tercerización laboral. El Ministerio propone derogar el Decreto 581 de 2026 al considerar que algunas de sus disposiciones sobre conductas indicativas y sanciones excederían el alcance reglamentario.
"Esto no significa que la tercerización ilegal deje de estar prohibida: las restricciones previstas en la ley y las facultades de inspección y sanción permanecen vigentes"
Las compañías con esquemas de outsourcing o contratación permanente con terceros deberían revisar no solo sus contratos, sino cómo funciona la relación en la práctica: quién imparte instrucciones, qué autonomía existe en el contratista y cómo se supervisa el servicio.
Un segundo frente está en la revisión de aspectos relacionados con el acoso laboral, la violencia y la discriminación.
El proyecto que modifica el Decreto 1040 conservaría las obligaciones de prevención y atención, pero eliminaría algunas presunciones y reglas probatorias que, según el Ministerio, solo pueden establecerse mediante ley.
Para las organizaciones que recientemente actualizaron protocolos y rutas internas, el punto será
diferenciar qué obligaciones permanecen porque tienen fundamento legal y qué procedimientos podrían cambiar con la nueva reglamentación.
El Gobierno propone derogar el Decreto 992 y regresar al procedimiento previsto en el Código Sustantivo del Trabajo para su depósito, aunque continuarían vigentes las restricciones legales sobre su celebración y las garantías de asociación sindical.
Las empresas con sindicatos, pactos o procesos de negociación colectiva deberían identificar qué procedimientos dependen específicamente del decreto que podría desaparecer.
Finalmente, el proyecto relacionado con inspección laboral mantendría la posibilidad de que los inspectores adopten medidas preventivas frente a situaciones de riesgo, pero precisaría que estas deben estar motivadas, ser temporales, revisables y respetar los recursos previstos legalmente.
Para los empleadores, esto refuerza la importancia de contar con documentación actualizada y protocolos claros para responder a visitas o requerimientos de la autoridad.
"Que una norma reglamentaria esté siendo revisada no elimina las obligaciones legales que existen detrás de ella"
El ejercicio para las compañías consiste en separar aquello que permanece vigente por mandato de la ley de los procedimientos específicos que podrían modificarse”, explicó María Camila Ortiz.
El impacto dependerá de cada empresa
Los demás proyectos también incluyen modificaciones relacionadas con seguridad social de repartidores de plataformas digitales, protección frente al despido de víctimas de acoso sexual, trabajo doméstico y condiciones laborales de periodistas y comunicadores.
Por ello, el efecto de la revisión no será igual para todas las organizaciones y dependerá de su actividad, modelo de contratación y composición de la fuerza laboral.
"Una revisión preventiva permite mantener el cumplimiento actual y, al mismo tiempo, estar preparados para implementar rápidamente los ajustes que finalmente sean aprobados”, concluyó María Camila.
La tercerización, acoso y pactos colectivos en la mira del MinTrabajo