Gobierno ocultó bombardeo en finca del programa de sustitución de cultivos en Vichada
El Gobierno guardó silencio sobre un bombardeo con bombas de 400 kilos en una finca del PNIS en Cumaribo, Vichada, donde la comunidad niega presencia armada
Una fuerte controversia rodea al Gobierno nacional tras revelarse detalles de una operación aérea ejecutada el pasado 5 de octubre en zona rural del municipio de Cumaribo, en el departamento del Vichada. Según se conoció, aviones de la Fuerza Aeroespacial lanzaron dos bombas de 400 kilos sobre la finca El Retiro, un ataque que nunca fue anunciado oficialmente y que fue omitido del balance público de ocho bombardeos reportados durante la actual administración.
A diferencia de las demás ofensivas militares que el presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado y divulgado ampliamente desde su posesión el pasado 7 de agosto, este operativo no apareció en ningún comunicado institucional. Tampoco fue reportado por el Ministerio de Defensa ni mencionado por el mandatario en sus alocuciones, manteniendo un hermetismo total sobre los hechos ocurridos en esa zona del oriente colombiano.
Aunque fuentes militares confirmaron la ejecución del bombardeo a medios nacionales como La FM y El Tiempo, asegurando que el objetivo era golpear un círculo de seguridad de alias Iván Mordisco, la versión de los habitantes dista radicalmente. La comunidad de la región asegura que el predio afectado hace parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y que en el lugar no había presencia de grupos armados.
El relato de los pobladores coincide con los hallazgos preliminares de una inspección realizada en el terreno por funcionarios de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con la verificación humanitaria en la finca El Retiro, en el sitio del impacto no se encontraron cadáveres ni material de guerra o armamento, hallando únicamente profundos cráteres en la tierra y extensas áreas de cultivos destruidos.
El silencio oficial frente a este episodio ha despertado serios cuestionamientos sobre la transparencia en el reporte de las operaciones militares y la protección de las comunidades campesinas vinculadas a programas estatales de sustitución. Mientras crecen los llamados para que el Ejecutivo explique por qué se borró esta acción del registro público, los habitantes afectados exigen garantías y esclarecimiento sobre el ataque ocurrido en su territorio.
