Frenazo Judicial: Admiten Demanda Contra el Modelo del Alumbrado Público de Paipa
El polémico modelo de economía mixta propuesto para el alumbrado público de Paipa entró en una fase de incertidumbre legal tras la admisión de una demanda
El Juzgado de Duitama evaluará la legalidad del
Acuerdo 007
El futuro del alumbrado público de Paipa entró en
una nueva etapa judicial luego de que el Juzgado Segundo Administrativo de
Duitama admitiera una demanda de nulidad contra el Acuerdo 007 de 2026. La
decisión permite que avance el estudio de la acción presentada contra la
iniciativa aprobada por el Concejo Municipal. La demanda fue interpuesta por el
abogado litigante Pablo César Pérez. El acuerdo cuestionado autorizó la
creación de una sociedad de economía mixta para administrar, operar y
modernizar el sistema de luminarias de la localidad.
La controversia alrededor de esta propuesta tomó fuerza durante agosto de 2026, cuando distintos sectores de la comunidad y de la opinión pública expresaron serias dudas sobre el modelo planteado para el alumbrado público de Paipa. Entre los cuestionamientos principales figura el posible
compromiso de recursos municipales durante las próximas décadas, afectando las
finanzas locales.
Solicitan la suspensión provisional del polémico
acuerdo municipal
El abogado Pérez explicó que, además de solicitar
la nulidad definitiva de la iniciativa del alumbrado público de Paipa, pidió
formalmente que se ordene su suspensión temporal mientras se desarrolla el
proceso. Esta medida cautelar busca frenar provisionalmente sus efectos, aunque
su procedencia deberá ser evaluada por la autoridad judicial correspondiente en
los próximos días. La admisión de la demanda no significa que el juzgado haya
declarado ilegal el acuerdo ni que la suspensión haya sido concedida; se trata
del inicio del trámite formal.
Varios dirigentes han expresado reparos frente al
modelo de negocio propuesto y sostienen que existen otras alternativas viables
para modernizar el alumbrado público de Paipa desde las empresas públicas
municipales, sin arriesgar el patrimonio colectivo. Quienes cuestionan la
iniciativa aseguran que su posición no busca impedir la modernización
tecnológica del servicio, sino discutir la transparencia de la ejecución del
proyecto y sus consecuencias. Ahora, el proceso continuará en la jurisdicción
administrativa, donde se revisarán a fondo los argumentos jurídicos
presentados.
