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Fiscalía investiga presunta red de lavado de activos por más de $425.000 millones

Siete personas fueron capturadas por su presunta participación en una estructura que habría utilizado exportaciones ficticias de aceite de palma y soya

Por Nancy MoreanoRedacción EXTRA
⏱ 3 min de lectura
Fiscalía investiga presunta red de lavado de activos por más de $425.000 millones
Imagen de portada · Grupo Editorial Central

BOGOTÁ, COLOMBIA. Una investigación de las autoridades judiciales permitió poner al descubierto una presunta estructura dedicada al lavado de activos que habría movilizado más de 425.000 millones de pesos mediante operaciones comerciales aparentemente relacionadas con exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la organización habría utilizado empresas comercializadoras y documentación de comercio exterior para dar apariencia de legalidad a operaciones económicas que estarían relacionadas con mercancías que presuntamente nunca salieron del territorio colombiano.
La investigación también puso la atención sobre los movimientos registrados en la frontera entre Colombia y Ecuador, particularmente en el puente internacional de Rumichaca, ubicado entre Ipiales y Tulcán.
Siete personas fueron capturadas por el presunto entramado criminal
Dentro de las actuaciones judiciales fueron capturadas siete personas, entre ellas un empresario identificado como Arvey Duque Villamizar y cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), según los reportes divulgados sobre el procedimiento.

La investigación también involucra a representantes de empresas comercializadoras internacionales y personas que presuntamente habrían intervenido en los trámites documentales y aduaneros utilizados para respaldar las operaciones investigadas.

Uno de los aspectos centrales del expediente tiene que ver con la presunta utilización de documentos que certificaban exportaciones hacia Ecuador. Sin embargo, las verificaciones realizadas por las autoridades habrían encontrado inconsistencias entre los registros comerciales y el movimiento real de las mercancías.
Movimientos económicos bajo investigación
Según las hipótesis investigativas, entre 2020 y 2023 se habrían realizado operaciones por más de 425.000 millones de pesos, presentadas como transacciones comerciales internacionales.
La Fiscalía busca establecer el origen de los recursos, el papel que habría desempeñado cada uno de los involucrados y la posible participación de servidores públicos en los procedimientos que permitieron tramitar las operaciones.
Los investigadores también deberán determinar si las empresas utilizadas tenían una actividad comercial legítima o si habrían servido como instrumento para ocultar el origen de los dineros.
Rumichaca e Ipiales, en el centro de la investigación
El caso tiene especial relevancia para Nariño debido a que parte de las operaciones investigadas estarían relacionadas con trámites aduaneros y registros de exportación en la frontera con Ecuador.
El puente internacional de Rumichaca constituye uno de los principales pasos comerciales entre ambos países, por lo que las autoridades buscan establecer cómo se habrían utilizado los procedimientos de comercio exterior dentro del presunto esquema.
La investigación vuelve a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer los controles aduaneros, la vigilancia de las operaciones internacionales y los mecanismos para prevenir el lavado de activos.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Las personas capturadas fueron presentadas ante las autoridades judiciales y la Fiscalía formuló imputaciones por presuntos delitos relacionados con lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con la información divulgada.
El proceso deberá avanzar para establecer las responsabilidades individuales y determinar si existió una estructura organizada para facilitar las operaciones financieras investigadas.
Es importante señalar que la captura y la imputación de cargos no representan una condena. Todos los procesados conservan el derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras la justicia determina su responsabilidad.

Fuente: Fiscalía General de la Nación e información periodística de IFM Noticias sobre la investigación.