FISCALÍA INCAUTA SEIS CELULARES EN INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA FINAN
La Fiscalía General de la Nación adelanta diligencias relacionadas con presuntas irregularidades en la financiación de las campañas de Iván Cepeda y Carolina Co
INCUTAN SEIS CELULARES EN INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS DEL PACTO HISTÓRICO
Fiscalía adelanta diligencias para esclarecer el origen de los recursos
La investigación sobre la financiación de campañas políticas en Colombia tuvo un nuevo avance tras la incautación de seis teléfonos celulares durante diligencias judiciales realizadas en Bogotá y Barranquilla. Los procedimientos, según información publicada por Caracol Radio el 22 de octubre de 2026, hacen parte de las actuaciones destinadas a verificar posibles irregularidades financieras relacionadas con la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025.
De acuerdo con el reporte periodístico, las diligencias fueron adelantadas por investigadores de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), dentro de una actuación de policía judicial autorizada conforme a los procedimientos legales.
Los dispositivos incautados serán sometidos a los análisis correspondientes para determinar si contienen comunicaciones, documentos u otros elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.
La finalidad de estas diligencias es recopilar información que permita reconstruir las operaciones financieras examinadas y establecer si los recursos declarados por las campañas cuentan con los soportes exigidos por la normativa colombiana.
¿Qué operaciones financieras están bajo revisión?
Según la información difundida por Caracol Radio, las autoridades examinan reportes financieros relacionados con las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho, quienes participaron en la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025.
Entre los movimientos mencionados en el reporte figuran aportes en especie y créditos que deben ser revisados para establecer su origen, naturaleza, documentación y correspondencia con los registros financieros presentados.
En el caso de la campaña de Iván Cepeda, la información periodística menciona un aporte en especie cercano a los 609 millones de pesos, reportado a nombre de Samat Publicidad S. A. S., así como otro aporte aproximado de 116 millones de pesos atribuido al representante de esa empresa.
En cuanto a la campaña de Carolina Corcho, el reporte hace referencia a créditos cercanos a los 723 millones de pesos relacionados con la empresa Custeau Chefcito Sigi M. I. J. V.
Estas cifras corresponden a operaciones mencionadas en la información periodística y deben contrastarse con los documentos oficiales y los registros contables correspondientes. Su existencia no demuestra, por sí misma, que se haya cometido una infracción electoral o un delito.
La investigación deberá establecer si existieron irregularidades
Uno de los principales objetivos de los investigadores es determinar si las operaciones financieras examinadas cumplen los requisitos legales y si existe correspondencia entre los recursos declarados, los servicios contratados y los soportes contables.
Para ello, las autoridades deberán analizar los elementos recopilados, verificar su autenticidad y establecer si existe alguna relación con los hechos que motivaron la investigación.
La revisión de los teléfonos celulares podría aportar información sobre comunicaciones u operaciones relevantes. Sin embargo, cualquier elemento obtenido deberá ser analizado conforme a la ley y contrastado con otras pruebas antes de extraer conclusiones.
Un proceso que exige transparencia y garantías judiciales
La financiación de las campañas electorales es un asunto de interés público, debido a que las normas buscan garantizar transparencia, trazabilidad de los recursos y condiciones equitativas para la participación política.
Si las autoridades identifican inconsistencias, deberán determinar si se trata de errores administrativos, posibles incumplimientos de las normas electorales o hechos que puedan tener consecuencias penales.
También será necesario establecer la participación individual de las personas involucradas y verificar si existen pruebas suficientes para adoptar decisiones judiciales.
Es importante precisar que una investigación en curso no equivale a una declaración de culpabilidad. Todas las personas mencionadas tienen derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso y a ejercer su defensa.
¿Qué sigue en el caso?
Las autoridades deberán continuar con el análisis de los elementos recopilados y determinar si estos permiten aclarar las operaciones financieras bajo revisión. Cualquier decisión posterior dependerá de los resultados de las diligencias y de la valoración jurídica de las pruebas.
Por ahora, el hecho central reportado es la incautación de seis teléfonos celulares en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación de campañas políticas.
La evolución del expediente permitirá conocer si las autoridades encuentran elementos suficientes para avanzar en otras actuaciones o si la documentación examinada contribuye a aclarar los movimientos financieros cuestionados.
Conclusión: La investigación pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la transparencia en la financiación electoral en Colombia. No obstante, las conclusiones deberán basarse en pruebas verificables y decisiones de las autoridades competentes, sin presentar los señalamientos como hechos judicialmente demostrados.
Fuente: Caracol radio
