Fiscalía General de la Nación y Blu Radio, información judicial sobre el caso.
La Fiscalía investiga a una jueza, un funcionario judicial y una abogada por un supuesto acuerdo económico de $1.200 millones para favorecer con una decisión
BOGOTÁ, COLOMBIA. Un nuevo caso relacionado con presuntos hechos de corrupción judicial genera preocupación en Colombia. La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra una jueza, un funcionario judicial y una abogada, quienes habrían participado en un supuesto acuerdo económico destinado a favorecer la libertad de un ciudadano neerlandés requerido por las autoridades por delitos relacionados con el narcotráfico.
Según la hipótesis presentada por el ente investigador, el presunto negocio habría alcanzado los 1.200 millones de pesos y estaría relacionado con la tramitación de una acción de hábeas corpus que terminó ordenando la libertad del extranjero.
Los procesados fueron identificados como Miryan Alcira Martínez López, jueza de control de garantías; Waldo Garavito Mejía, funcionario judicial, y Emperatriz Herrera Cuenca, abogada.
La investigación apunta a una presunta negociación millonaria
De acuerdo con los elementos expuestos por la Fiscalía durante las audiencias, los investigados presuntamente habrían coordinado actuaciones para que una solicitud de hábeas corpus llegara al despacho de la jueza y obtuviera una decisión favorable al ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van der Voort.
La investigación señala que el supuesto acuerdo económico contemplaba un pago de 1.200 millones de pesos. Entre los hechos mencionados por los investigadores aparece una presunta entrega inicial de 600 millones de pesos, que habría ocurrido el 4 de junio de 2026.
Posteriormente, el 13 de junio, la jueza concedió el recurso de hábeas corpus y ordenó la libertad inmediata del extranjero, argumentando que habían transcurrido 109 días desde su captura sin una decisión sobre el procedimiento de extradición.
Sin embargo, la decisión fue revocada cinco días después, el 18 de junio de 2026, por otro funcionario judicial, por lo que el ciudadano continuó privado de la libertad mientras avanzaba el trámite correspondiente.
Los investigados deberán responder ante la justicia
La Fiscalía formuló cargos relacionados con presuntos delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. Durante las diligencias judiciales, los tres procesados no aceptaron los cargos.
El caso ha generado especial atención debido a que involucra a personas vinculadas directamente con la administración de justicia, una institución cuya responsabilidad es garantizar decisiones imparciales y el cumplimiento de la ley.
Las autoridades deberán establecer si existió una negociación económica para obtener una decisión judicial favorable y cuál habría sido la participación individual de cada uno de los investigados.
Por ahora, las acusaciones presentadas por la Fiscalía hacen parte de una investigación penal y no constituyen una declaración de culpabilidad. Los procesados conservan el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
La investigación continúa y se espera que las autoridades judiciales determinen las responsabilidades correspondientes en este caso, que vuelve a poner en discusión la transparencia y la confianza ciudadana en la justicia colombiana.
Fuente: Fiscalía General de la Nación y reportes periodísticos de Infobae Colombia y Revista Semana.
