Fiscalía desmanteló presunta red de corrupción en la DIAN: cuatro funcionarios.
Cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fueron judicializados por su presunta participación en una red de corrupción.
Un nuevo escándalo de presunta corrupción sacude a las instituciones públicas en Colombia. La Fiscalía General de la Nación anunció la desarticulación de una supuesta red criminal integrada por cuatro funcionarios de la DIAN, quienes habrían aprovechado sus cargos para obtener beneficios económicos ilegales y favorecer actividades relacionadas con el contrabando.
De acuerdo con las investigaciones, tres de los funcionarios, identificados como Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez y Jorge Enrique Ariza Vivero, estarían involucrados en presiones económicas contra la representante legal de una clínica especializada en salud mental. Los hechos habrían comenzado después de que los funcionarios identificaran supuestas inconsistencias tributarias y contables durante un proceso de fiscalización.
Según la Fiscalía, los investigados habrían exigido a la empresaria el pago de 100 millones de pesos a cambio de evitar sanciones económicas que podrían superar los 1.500 millones de pesos. Sin embargo, ante la negativa de la mujer de entregar el dinero, presuntamente se habrían presentado represalias administrativas, entre ellas embargos de cuentas bancarias, requerimientos reiterados y decisiones que habrían perjudicado a la empresa.
La investigación también permitió identificar a un cuarto funcionario, Erwin Yasser Escudero Rondón, quien presuntamente habría colaborado con una organización dedicada al contrabando en la Troncal del Caribe. Según el material recopilado por las autoridades, este funcionario habría entregado información anticipada sobre operativos y controles aduaneros, facilitando el movimiento de mercancías que ingresaban ilegalmente al territorio nacional.
Además, la Fiscalía le atribuye posibles irregularidades relacionadas con la devolución de mercancías incautadas y la manipulación de resultados operacionales mediante falsas incautaciones de cigarrillos. Estas actuaciones habrían permitido beneficiar a estructuras dedicadas al comercio ilegal.
Los cuatro funcionarios fueron capturados en Riohacha, La Guajira, y presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio. No obstante, ninguno de los procesados aceptó los cargos.
El caso representa un nuevo golpe contra las estructuras de corrupción que presuntamente utilizan instituciones estatales para favorecer actividades ilegales. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el alcance de las actuaciones y establecer si existen más personas involucradas.
