Fiscalía creará un módulo especial para delitos ambientales

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Un comunicado de prensa emitido por el ente rector dice que Colombia no ha confirmado uno de los mecanismos internacionales para proteger a estas personas.

Colombia se ha convertido desafortunadamente en el país con el mayor número de defensores del medioambiente asesinados; según el último informe de Global Witness, en 2020 fueron asesinados 65 de estas personas, es por tal razón que en el territorio colombiano se creará, por iniciativa de la Fiscalia General de la Nación, un módulo especial para este tipo de delitos.

Se trata de una iniciativa que forma parte del memorando de entendimiento que firmó la Fiscalía con la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid, que busca fortalecer la capacidad institucional en la investigación y judicialización de los responsables de crímenes ambientales.

El comunicado tiene como objetivo "robustecer a la Fiscalía en la investigación de casos sobre crímenes ambientales y en la protección de los líderes ambientales", subrayó el representante en Colombia de Usaid, Lawrence J. Sacks.

"Es un trabajo que reafirma el compromiso y la lucha a favor de nuestro medioambiente y, al mismo tiempo, busca atacar la minería ilegal, la tala de árboles y la siembra de cultivos ilícitos que ha generado múltiples problemas en esta zona del país", afirmó por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa.

Un comunicado de prensa emitido por el ente rector dice que Colombia no ha confirmado uno de los mecanismos internacionales para proteger a estas personas, que es el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el pasado 22 de abril en una decena de países, pero cuya ratificación en Colombia depende del Congreso.

El pasado 4 de agosto, el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la nueva Ley de Delitos Ambientales, una iniciativa que aumenta las sanciones para quienes cometan infracciones con el medioambiente y mediante la cual la deforestación dejó de ser un delito excarcelable.

En 2020 en Colombia, según cifras gubernamentales, se perdieron 171.685 hectáreas de bosque, lo que equivale a una superficie superior a la de ciudades como Río de Janeiro o Medellín, y la mayoría de estos árboles se concentraban en el cinturón del centro-sur del país, en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare.

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