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EXALCALDE FUE CONDENADO A 12 AÑOS DE PRISIÓN POR CONTRATACIÓN IRREGULAR

La justicia condenó al exmandatario de Prado y a otras tres personas por irregularidades en 17 convenios que comprometieron cerca de $300 millones.

Por Daniela Naranjo GiraldoRedacción EXTRA
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EXALCALDE FUE CONDENADO A 12 AÑOS DE PRISIÓN POR CONTRATACIÓN IRREGULAR
Imagen de portada · Grupo Editorial Central

Un escándalo relacionado con la contratación pública terminó con una condena de 12 años de prisión para el exalcalde de Prado, Álvaro González Murillo, luego de que la justicia encontrara irregularidades en 17 convenios suscritos durante su administración, los cuales habrían comprometido cerca de $300 millones de recursos públicos.


Los hechos se remontaron al segundo semestre de 2016, cuando fueron firmados varios contratos destinados al desarrollo de actividades sociales, educativas, deportivas y culturales en este municipio del Tolima.


Sin embargo, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar presuntas irregularidades en el manejo de los dineros que habían sido asignados para ejecutar dichos proyectos.


De acuerdo con las pruebas presentadas durante el proceso judicial, la empresa contratista no habría acreditado suficientemente su capacidad para desarrollar los convenios ni entregado los documentos necesarios para justificar de manera adecuada la destinación de los recursos que recibió.


Investigación


Dentro de las actuaciones investigadas también se estableció la presunta intervención del exmandatario en distintas etapas de la contratación, desde la elaboración de los estudios previos hasta la autorización de pagos y las respectivas liquidaciones. Estas actuaciones fueron determinantes dentro del proceso que terminó comprometiendo su responsabilidad penal.


La investigación no solamente involucró al exalcalde, sino también a otras tres personas que, según las decisiones judiciales, participaron en diferentes actividades relacionadas con los convenios cuestionados. Entre ellas se encontraba Diana Carolina Romero Yara, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social y recibió una condena de 11 años de prisión.


Según lo establecido durante el proceso, la exfuncionaria habría tenido participación en la supervisión de los convenios y en la autorización de los desembolsos correspondientes a los contratos investigados.


Sentencias


Otra de las personas condenadas fue Gladys Lucía Cabezas Leonel, representante legal de la empresa contratista involucrada en los convenios, quien recibió una pena de ocho años de cárcel por su participación en los hechos.


Asimismo, Daniel Francisco Murillo Cupitra, primo del exalcalde, fue sentenciado a ocho años de prisión. Su intervención habría estado relacionada con labores de gestión, coordinación y organización dentro del esquema de contratación que fue objeto de investigación por parte de las autoridades.


Las condenas estuvieron relacionadas con delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado, conductas que fueron analizadas durante el proceso judicial.


De esta manera, el caso terminó con cuatro personas condenadas por las irregularidades detectadas en los convenios celebrados durante 2016. La decisión judicial representa un nuevo caso de sanciones penales relacionadas con el manejo de recursos públicos y pone de manifiesto las responsabilidades que pueden enfrentar tanto los servidores públicos como los particulares cuando intervienen en procesos contractuales contrarios a las disposiciones legales.

Fuente: EXTRA

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