Europa estudia ampliar las facultades de empresas para neutralizar drones

Europa estudia ampliar las facultades de las empresas que operan infraestructuras críticas para que puedan detectar, interferir y neutralizar drones que representen una amenaza para instalaciones estratégicas. La iniciativa responde al aumento de las incursiones de aeronaves no tripuladas y a la preocupación por posibles ataques contra redes eléctricas, sistemas de transporte y otros servicios esenciales.

La información, publicada por Reuters el 21 de octubre de 2026, señala que varios países europeos están revisando sus marcos legales para permitir una participación más activa de los operadores privados y estatales en la defensa contra drones.

Francia, Alemania y Austria revisan sus mecanismos de defensa

Francia ha avanzado en esta dirección con una ley aprobada en agosto que permite a determinados operadores de infraestructuras críticas y a sus contratistas autorizados detectar, interferir y derribar drones cerca de instalaciones designadas. Entre las entidades que podrían beneficiarse de estas medidas figuran la empresa energética EDF y la compañía ferroviaria SNCF.

Alemania también estudia cómo incorporar legalmente a los operadores de infraestructuras y a terceros autorizados en las operaciones de respuesta contra aeronaves no tripuladas. En Austria, las autoridades anunciaron planes similares para reforzar la protección de instalaciones esenciales, incluidas las del sector energético.

Polonia ha adoptado medidas más amplias en zonas restringidas alrededor de infraestructuras energéticas críticas. Allí, determinadas unidades de seguridad están autorizadas para destruir, desactivar o tomar el control de drones que ingresen en esos espacios.

Los riesgos legales siguen siendo un obstáculo

Aunque las tecnologías antidrones avanzan, su utilización por empresas privadas plantea interrogantes sobre la responsabilidad legal. Derribar una aeronave puede provocar lesiones, poner en peligro a personas en tierra o causar daños materiales, por lo que los operadores reclaman mayor claridad sobre las condiciones en las que pueden intervenir y quién respondería por posibles consecuencias.

La preocupación también está relacionada con la dificultad de proteger instalaciones dispersas geográficamente. Una interrupción importante del suministro eléctrico podría afectar a millones de personas y generar elevados costos de reparación.

Hasta ahora, muchas compañías han centrado sus estrategias en recuperar los servicios después de un ataque, en lugar de impedirlo directamente. La ampliación de sus facultades supondría un cambio hacia una defensa más preventiva, aunque su aplicación dependerá de las normas nacionales y de las garantías que establezcan las autoridades.

La discusión se desarrolla en un contexto de mayor preocupación por las amenazas híbridas en Europa desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. El desafío para los gobiernos será fortalecer la protección de las infraestructuras esenciales sin generar vacíos legales ni riesgos adicionales para la población.