Escándalo de presunta corrupción judicial en Colombia: investigan soborno de $1.200 millon
Jueza de Bogotá, un funcionario judicial y una abogada fueron capturados e imputados por su presunta participación en un acuerdo económico de $1.200 millones
Un nuevo escándalo por presunta corrupción sacude a la administración de justicia colombiana. La Fiscalía General de la Nación investiga a una jueza, un funcionario del Centro de Servicios Judiciales y una abogada, señalados de participar en un supuesto acuerdo económico que habría tenido como propósito conseguir la libertad de un ciudadano extranjero requerido en extradición por las autoridades de Países Bajos.
De acuerdo con la investigación, el presunto negocio habría alcanzado los 1.200 millones de pesos y estaría relacionado con una decisión de hábeas corpus que permitió ordenar la libertad de Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano neerlandés investigado por hechos relacionados con el narcotráfico.
Las capturas se realizaron el martes 27 de octubre en Bogotá y Cota, Cundinamarca. Posteriormente, los tres señalados fueron presentados ante las autoridades judiciales para responder por los hechos investigados.
¿Quiénes son las personas investigadas?
Entre los vinculados al proceso se encuentran Myriam Alcira Martínez López, jueza 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá; Waldo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, y Emperatriz Herrera Cuenca, abogada.
La hipótesis de la Fiscalía apunta a que estas personas habrían coordinado actuaciones para que una solicitud de hábeas corpus llegara al despacho de la jueza y terminara con una decisión favorable al ciudadano neerlandés.
Los investigadores buscan establecer si existió una negociación económica, cómo se habría distribuido el dinero y cuál fue la participación concreta de cada uno de los involucrados.
El supuesto pago de $600 millones
Uno de los elementos centrales de la investigación corresponde a un encuentro que, según la Fiscalía, habría ocurrido el 4 de junio de 2026 en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá.
La hipótesis del ente acusador señala que durante ese encuentro se habría concretado un acuerdo por 1.200 millones de pesos y que presuntamente se entregaron 600 millones como primer pago, equivalente a la mitad de la suma investigada.
La Fiscalía también examina comunicaciones y documentos que podrían ayudar a establecer si existió coordinación para preparar la decisión judicial y facilitar la salida del extranjero del centro de reclusión.
Estos señalamientos hacen parte de la teoría del caso de los investigadores y deberán ser examinados dentro del proceso penal.
La decisión de hábeas corpus que terminó revocada
El caso está relacionado con una solicitud de hábeas corpus presentada a favor de Van der Voort, quien había sido capturado en febrero de 2026 por requerimiento de las autoridades de Países Bajos.
El 13 de junio de ese año, la jueza Martínez López concedió el recurso y ordenó la libertad inmediata del ciudadano extranjero. Entre los argumentos expuestos en esa decisión se encontraba el tiempo transcurrido desde su captura y las condiciones del trámite de extradición.
Sin embargo, la determinación fue revocada el 18 de junio por otro funcionario judicial. Como consecuencia, el ciudadano neerlandés continuó privado de la libertad mientras avanzaba el procedimiento correspondiente.
Para la Fiscalía, la jueza no tenía competencia para resolver esa solicitud, uno de los aspectos que ahora forman parte de la investigación.
Los tres investigados no aceptaron los cargos
Durante las audiencias realizadas el 28 de octubre, la jueza, el funcionario judicial y la abogada se declararon inocentes y no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
El ente acusador busca que se adopten medidas judiciales frente a los investigados, mientras continúa el proceso para establecer las circunstancias del supuesto acuerdo económico y las responsabilidades individuales.
La Fiscalía atribuye a los involucrados posibles conductas relacionadas con cohecho y falsedad ideológica en documento público. A la jueza también se le investiga por presunto prevaricato por acción.
Un caso que genera preocupación sobre la transparencia judicial
La investigación vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de proteger la independencia y transparencia de la administración de justicia en Colombia.
Las autoridades deberán determinar si se utilizaron mecanismos judiciales legítimos con fines distintos a los establecidos por la Constitución y la ley. También tendrán que establecer si hubo irregularidades en el reparto de la solicitud y en la decisión que inicialmente ordenó la libertad del ciudadano extranjero.
Es importante recordar que el hábeas corpus es una garantía constitucional destinada a proteger la libertad personal. Su utilización es legítima y no debe confundirse con las posibles conductas irregulares que son objeto de investigación en este expediente.
El proceso continuará con las actuaciones judiciales pendientes y la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa.
Por ahora, los tres investigados conservan la presunción de inocencia. Las acusaciones deberán ser demostradas ante la justicia y ninguna captura o imputación equivale por sí sola a una condena
Fuente: Fiscalía General de la Nación,
