En pijama de rayas:va a prisión jueza que liberó a un temido narco neerlandés extraditable
Una jueza, un funcionario y una abogada fueron enviados a prisión tras imputárseles cargos por falsificar documentos y recibir sobornos para liberar a un narco.
Los procesados y el organigrama de la corrupción
En una decisión emitida este jueves 5 de noviembre de 2026, un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a tres personas señaladas de integrar una red de corrupción dentro de la rama judicial:
- Myriam Alcira Martínez López: Jueza de la República capturada en ejercicio.
- Waldo Garavito Mejía: Funcionario judicial judicializado.
- Emperatriz Herrera Cuenca: Abogada litigante y defensora de confianza del procesado internacional.
Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó de manera formal los cargos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. Ninguno de los implicados aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.
La gravedad de corromper la extradición
Este caso representa uno de los golpes más severos a la credibilidad de la justicia en el último año, pues evidencia cómo las estructuras transnacionales del narcotráfico permean las esferas judiciales para burlar los tratados internacionales de cooperación. El beneficiado con esta maniobra ilícita fue Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, un ciudadano de los Países Bajos capturado en Colombia y formalmente requerido por las cortes de su país mediante un trámite de extradición.
La argumentación de la Fiscalía General de la Nación para exigir la cárcel se basó en el peligro latente de fuga y la obstrucción a la justicia. Al falsificar actas internas y expedir boletas de libertad irregulares a cambio de un millonario soborno, los implicados no solo cometieron delitos económicos, sino que quebrantaron la soberanía jurídica y la confianza de las agencias internacionales. El uso del cargo público para favorecer a un extraditable de alta peligrosidad demuestra que las prisiones ordinarias son el único mecanismo idóneo para evitar que estos funcionarios sigan manipulando los expedientes desde la libertad.
