El nuevo interventor de Nueva EPS asume deudas millonarias y cuentas sin aprobar del 2023
Jorge Enrique Gutiérrez llega a Nueva EPS con una deuda de $8,35 billones a hospitales y estados financieros sin certificar desde la vigencia de 2023.

La Superintendencia Nacional de Salud designó a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS, la aseguradora con 11,5 millones de afiliados más grande del país. Gutiérrez asume en reemplazo de Roberto José Tercero Solano Navarra y finaliza la suplencia de Mariam Liliana Carrillo Peña, marcando un nuevo relevo en una intervención forzosa que cumple más de dos años y medio, prorrogada hasta abril de 2027, y que acumula siete interventores titulares ante la persistencia del deterioro operativo.
La dimensión de la deuda y el vacío contable
La entidad arrastra pasivos totales cercanos a los $22,5 billones y un patrimonio negativo de $11,9 billones, lo que representa un incremento del 198 % en sus obligaciones desde que inició la intervención.
- Deuda con hospitales: El informe de cartera detalla pasivos por $8,35 billones con la red prestadora, de los cuales $5,94 billones se encuentran en mora, afectando el flujo de caja de clínicas y hospitales públicos y privados.
- Rezago contable: Según reportes de Consultorsalud, la EPS carece de estados financieros certificados y aprobados correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025 debido a millones de facturas sin procesar.
Perfil técnico y las 13 órdenes de choque
Gutiérrez Sampedro es odontólogo, especialista en seguridad social, exdirector de la Adres y exgerente de Capital Salud. Conforme a lo reportado por Infobae, el nuevo directivo cuenta con un mes para presentar un plan de trabajo basado en 13 órdenes de estricto cumplimiento:
- Saneamiento financiero: Reconstruir y aprobar los estados financieros pendientes desde 2023.
- Red prestadora: Formalizar vínculos contractuales para garantizar el flujo de recursos a las IPS.
- Atención a usuarios: Asegurar la entrega continua de medicamentos, reducir barreras para pacientes crónicos y dar trámite a los fallos judiciales.
Con estas medidas, el Gobierno busca evitar una liquidación que comprometería a toda la red hospitalaria nacional.




