El Congreso aprueba una nueva ley de sometimiento para grupos armados en Colombia
El Congreso aprobó una nueva ley que modifica la estrategia frente a grupos armados ilegales y establece condiciones más estrictas para acceder a beneficios jud
Bogotá, 4 de noviembre de 2026. El Congreso de la República de Colombia aprobó una nueva ley de sometimiento a la justicia dirigida a integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales, una decisión que representa un cambio significativo en la estrategia gubernamental frente al conflicto armado y la seguridad nacional.
La iniciativa, presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, recibió el respaldo de ambas cámaras legislativas durante las sesiones que finalizaron en la noche del martes 3 de noviembre. En el Senado obtuvo 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes consiguió 95 votos positivos y 10 negativos.
La nueva normativa establece un mecanismo mediante el cual integrantes de organizaciones criminales podrán someterse a la justicia ordinaria y acceder a determinados beneficios penales, siempre que cumplan condiciones relacionadas con el desmantelamiento de sus estructuras y la colaboración con las autoridades.
Entre las principales exigencias se encuentran la entrega de armas y bienes, la identificación de otros integrantes de las organizaciones, el suministro de información sobre sus actividades y la colaboración para localizar personas desaparecidas. También contempla obligaciones relacionadas con la entrega de menores reclutados y personas secuestradas.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el establecimiento de reducciones de penas de hasta el 50 % para integrantes de base y de hasta el 30 % para quienes hayan ejercido funciones de mando, de acuerdo con los detalles reportados sobre el texto aprobado. Los responsables de determinados delitos, como el reclutamiento de menores, tienen restricciones específicas para acceder a estos beneficios.
La iniciativa también establece diferencias importantes frente a la política de Paz Total impulsada durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. A diferencia de los procesos de negociación política con organizaciones armadas, el nuevo mecanismo se concentra en el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de las estructuras criminales.
Otro elemento importante es que el proyecto no contempla la suspensión automática de órdenes de captura ni de solicitudes de extradición. Asimismo, establece restricciones para que quienes se acojan al mecanismo puedan ocupar cargos públicos o participar en negociaciones políticas de paz.
La aprobación legislativa representa una victoria política para el Gobierno, pero también abre interrogantes sobre su aplicación práctica, las garantías para las víctimas y la capacidad institucional para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los grupos criminales.
El siguiente paso es completar el procedimiento correspondiente y obtener la sanción presidencial para que la iniciativa pueda convertirse formalmente en ley.
Un debate que apenas comienza
Más allá de la aprobación en el Congreso, el verdadero impacto de esta reforma dependerá de los resultados que consiga en los territorios afectados por la violencia. La entrega efectiva de armas, el desmantelamiento de las redes criminales, la protección de las comunidades y el esclarecimiento de los hechos serán elementos fundamentales para evaluar su efectividad.
La discusión también plantea un desafío para las instituciones colombianas: encontrar un equilibrio entre los beneficios judiciales necesarios para incentivar la desmovilización, el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y la obligación del Estado de garantizar justicia y seguridad.
Por ahora, Colombia inicia una nueva etapa en su política de sometimiento de organizaciones criminales, cuyo desarrollo y resultados serán determinantes para medir el alcance de esta transformación.
Fuente: EL PAÍS — Cobertura y contexto político · Ver fuente ↗
