Ejército incauta 35 granadas artesanales en zona rural de El Peñol, Nariño
El material explosivo habría sido destinado a ataques con drones contra vehículos e instalaciones de la Fuerza Pública.
En zona rural del municipio de El Peñol, Nariño, tropas del Ejército Nacional localizaron un depósito ilegal en el que fueron halladas 35 granadas de fabricación artesanal de alto poder explosivo, que presuntamente serían utilizadas en ataques mediante drones contra vehículos e instalaciones de la Fuerza Pública.
El hallazgo se produjo durante operaciones militares adelantadas por la Vigésima Tercera Brigada, a través del Batallón de Infantería Liviana N.° 9, con apoyo de capacidades de inteligencia y contrainteligencia militar.
De acuerdo con información suministrada por el Ejército, el material estaría relacionado con integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura Franco Benavides, al servicio de alias Iván Mordisco. Las autoridades señalaron que estos artefactos podrían ser empleados en acciones que también representarían un riesgo para las comunidades rurales, las viviendas y las vías de tránsito de la población.
Asimismo, información preliminar de inteligencia militar indica que integrantes de esta organización estarían ofreciendo entre 3 y 5 millones de pesos por cada impacto logrado mediante drones. Esta modalidad de ataque genera preocupación por la posibilidad de que las acciones armadas afecten a familias campesinas y otros habitantes de la zona.
Según el Ejército, la ubicación del depósito permitió anticipar una posible amenaza y reducir la capacidad de esta estructura ilegal para utilizar explosivos en acciones violentas. Entretanto, equipos especializados en explosivos y municiones (EOD) adelantan los procedimientos establecidos para la destrucción controlada del material incautado.
La Tercera División del Ejército Nacional anunció que continuará desarrollando operaciones militares en Nariño, con el propósito de afectar las capacidades logísticas y armadas de los grupos ilegales y prevenir acciones que pongan en riesgo la seguridad de las comunidades.
Las autoridades reiteraron que las operaciones se mantendrán en la región, priorizando la protección de la población civil y la atención de amenazas que puedan afectar la movilidad y la tranquilidad de los habitantes.
