Educación sexual en Colombia: qué podría cambiar si se deroga la política nacional
El Ministerio de Educación solicitó derogar la política nacional de sexualidad 2026-2035. La propuesta abre un debate sobre su impacto en los colegios
La política de educación sexual y reproductiva en Colombia se encuentra en el centro de un nuevo debate nacional, luego de que el Ministerio de Educación solicitara iniciar el proceso para derogar la normativa adoptada durante el Gobierno anterior. La propuesta ha generado inquietudes sobre el futuro de las orientaciones que reciben las instituciones educativas en esta materia.
La medida cuestionada corresponde a la Resolución Conjunta 1350 del 10 de julio de 2026, mediante la cual los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Culturas adoptaron la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para el periodo 2026-2035.
El documento establece una hoja de ruta para coordinar acciones relacionadas con la educación sexual, la prevención de las violencias y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. En el ámbito escolar, contempla orientaciones para incorporar estos contenidos en los proyectos educativos, los planes de estudio y los procesos de formación docente.
¿Qué cambiaría si se elimina esta política?
El Ministerio de Educación argumenta que existen dudas jurídicas sobre el alcance de la resolución, la autonomía de los colegios, el papel de las familias en la educación de sus hijos y la financiación de las medidas previstas. Por esa razón, solicitó revisar la norma y planteó suspender nuevas actuaciones sustentadas en ella mientras se adelanta el análisis.
Sin embargo, una eventual derogatoria no significaría automáticamente que desaparezca la educación sexual de los instituciones educativas. En Colombia existen disposiciones legales que establecen obligaciones relacionadas con la educación sexual, por lo que su enseñanza debe analizarse dentro del marco normativo vigente.
Uno de los puntos de preocupación es que, si la política deja de aplicarse, podrían modificarse las orientaciones y los mecanismos de acompañamiento que reciben las secretarías de Educación y los establecimientos escolares para desarrollar estos programas.
La discusión también involucra a organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, que advierten sobre la importancia de mantener el apoyo institucional y los recursos necesarios para prevenir abusos, promover el cuidado y ofrecer información adecuada a niños, niñas y adolescentes.
Por ahora, la solicitud del Ministerio no equivale a una derogatoria definitiva. El alcance de los posibles cambios dependerá de las decisiones oficiales que se adopten y de las normas que continúen vigentes. El debate mantiene sobre la mesa la relación entre las competencias del Estado, la autonomía escolar y la participación de las familias en la formación de los estudiantes.
Fuente: El Espectador – El Gobierno quiere frenar la política de educación sexual: ¿qué está en juego?.
