Dos policías fueron judicializados en Cali por presuntamente exigir dinero a cambio de inf
La Fiscalía investiga a dos integrantes de la Policía Nacional señalados de presuntamente exigir dinero a un ciudadano para entregarle información confidencial
Fiscalía investiga a dos uniformados por presunta concusión
Un nuevo caso que involucra a integrantes de la Policía Nacional genera atención en el ámbito judicial colombiano. Dos uniformados fueron capturados y judicializados en Cali, Valle del Cauca, luego de ser señalados de presuntamente exigir dinero a un ciudadano a cambio de suministrarle información reservada relacionada con una investigación por narcotráfico y un eventual procedimiento de extradición.
De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados habrían ocurrido entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, los funcionarios presuntamente habrían utilizado su condición de integrantes de la institución policial para acercarse a un ciudadano y ofrecerle datos confidenciales sobre actuaciones judiciales.
La investigación señala que el primer acercamiento se habría producido en un conjunto residencial del sur de Cali. En esa oportunidad, los uniformados habrían manifestado que realizaban verificaciones relacionadas con un posible caso de maltrato infantil.
Posteriormente, los policías habrían regresado al lugar y establecido nuevamente contacto con el ciudadano. En ese encuentro, presuntamente le habrían ofrecido información sobre una investigación por tráfico de estupefacientes y un posible procedimiento de captura con fines de extradición.
Según la hipótesis investigativa, los uniformados habrían solicitado dinero a cambio de entregar esos datos, situación que motivó el desarrollo de las actuaciones correspondientes por parte de las autoridades.
Captura de los uniformados en Cali
Como resultado de las labores investigativas, fueron capturados el subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas. El procedimiento se habría realizado en instalaciones de la Policía Nacional ubicadas en el sector de El Caney, al sur de Cali.
Posteriormente, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para responder por los hechos que son materia de investigación.
La Fiscalía les imputó el delito de concusión, una conducta que se configura cuando un servidor público abusa de su cargo o de sus funciones para exigir o inducir a otra persona a entregar dinero o beneficios indebidos.
Este delito representa una afectación a la transparencia de la función pública, especialmente cuando involucra a funcionarios que tienen responsabilidades relacionadas con la seguridad y la protección de los ciudadanos.
La investigación continúa
El proceso judicial busca establecer con precisión cómo se habría producido la supuesta exigencia económica, qué información confidencial habría sido ofrecida y cuál habría sido la participación individual de cada uno de los uniformados.
Las autoridades deberán evaluar los elementos materiales probatorios y demás evidencias recopiladas durante la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.
Este caso vuelve a poner en discusión la importancia de los controles institucionales, la protección de la información reservada y la obligación de los integrantes de la fuerza pública de actuar dentro del marco de la Constitución y la ley.
La ciudadanía espera que las investigaciones avancen con transparencia y que, en caso de comprobarse irregularidades, se adopten las decisiones judiciales correspondientes.
Presunción de inocencia: Es importante precisar que la imputación de cargos no constituye una condena. Los dos uniformados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.
Fuente: Fiscalía General de la Nación, según el reporte periodístico de El País de Cali.
