Diez años del Acuerdo de Paz en Colombia: solo el 4,6 % de las víctimas.
Diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, la Defensoría del Pueblo advierte que solo 63 de los 1.367 colectivos reconocidos como víctima
Colombia cumple diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un compromiso histórico que buscaba poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado. Sin embargo, una década después de este acontecimiento, las cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo evidencian que todavía existen importantes deudas con miles de personas y comunidades que sufrieron las consecuencias de la violencia.
Uno de los datos más preocupantes del balance tiene que ver con la reparación colectiva de las víctimas. Según el informe de la entidad, de los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos en el país, solamente 63 han logrado completar sus respectivos planes, lo que representa aproximadamente el 4,6 % del total. Esta situación refleja las dificultades que enfrentan numerosas comunidades para recuperar sus condiciones de vida, reconstruir sus territorios y recibir respuestas concretas por los daños ocasionados durante el conflicto.
Víctimas continúan esperando atención psicológica y reparación
El informe también advierte sobre las dificultades en el acceso a la atención psicosocial. Cerca de ocho de cada diez víctimas todavía no han podido acceder al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), un mecanismo diseñado para acompañar a quienes enfrentaron situaciones traumáticas como desplazamientos, amenazas, desapariciones, secuestros y diferentes formas de violencia.
Otro de los puntos que genera preocupación está relacionado con las víctimas de violencia sexual y violencia basada en género. La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado 35.178 personas afectadas por estos delitos, una realidad que continúa representando un enorme desafío en materia de verdad, justicia y reparación. Las organizaciones de víctimas reclaman que sus testimonios sean escuchados y que los responsables respondan por los hechos cometidos.
También hay retrasos en los procesos de retorno a los territorios
La situación de las comunidades desplazadas es otro de los asuntos señalados en el balance. Muchas familias que tuvieron que abandonar sus hogares por amenazas y enfrentamientos armados todavía esperan condiciones de seguridad para regresar a sus lugares de origen o establecerse en nuevos territorios.
De acuerdo con las cifras de la Defensoría, de 1.068 planes de retorno, reubicación e integración local registrados, solamente 31 han completado sus acciones. Esto evidencia que los compromisos relacionados con la recuperación de las comunidades afectadas siguen avanzando lentamente y requieren mayor coordinación entre las instituciones del Estado.
La violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para la paz
Aunque durante estos diez años se han creado mecanismos institucionales para avanzar en la implementación del acuerdo, la persistencia de grupos armados ilegales, los asesinatos de líderes sociales y las amenazas contra comunidades continúan afectando la tranquilidad de diferentes regiones del país.
La Defensoría también advierte que 493 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados desde 2016, una cifra que demuestra los riesgos que todavía enfrentan quienes dejaron las armas y decidieron incorporarse a la vida civil.
Finalmente, la entidad insiste en que la construcción de paz no puede limitarse a la firma de un documento, sino que debe traducirse en garantías reales para las víctimas, oportunidades para las comunidades rurales y protección para quienes trabajan por la reconciliación. A diez años de este compromiso histórico, Colombia continúa enfrentando el desafío de convertir las promesas de paz en resultados concretos para millones de ciudadanos.
