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Denuncian ante la Corte a Verónica Estrada por presuntamente haber falsificado títulos

La denuncia también plantea dudas sobre un contrato de prestación de servicios que Estrada suscribió con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Por Yhancy BurgosRedacción EXTRA
⏱ 4 min de lectura
Denuncian ante la Corte a Verónica Estrada por presuntamente haber falsificado títulos
Imagen de portada · Grupo Editorial Central

La senadora Sara Castellanos, la representante a la Cámara por Bogotá Carol Borda y Juan Felipe Pedraza, conocido como Rentas, presentaron una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la representante Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, por el presunto uso de documentos académicos falsos.


El escrito fue radicado ante la Sala Especial de Instrucción y solicita establecer si la congresista por Antioquia utilizó certificados atribuidos a la Universidad Nacional de Colombia para acreditar su formación como ingeniera de Minas y Metalurgia ante entidades estatales y durante su aspiración electoral.


Los denunciantes sostuvieron que Pedraza identificó inconsistencias en el diploma y el acta de grado que Estrada habría presentado para respaldar su título profesional. Con esos documentos, según la denuncia, la hoy congresista habría acreditado requisitos académicos y de experiencia ante organismos públicos.

La Universidad Nacional informó que no halló registros de Estrada como egresada


Uno de los soportes citados en la denuncia es una comunicación fechada el 23 de octubre de 2025, atribuida a la sede Medellín de la Universidad Nacional. En ese documento, la institución habría informado al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) que no encontró registros físicos ni digitales de Estrada como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.


La universidad también habría señalado que la copia del registro de diplomas presentada durante el trámite no fue expedida por esa institución. Ese pronunciamiento forma parte de los elementos que los denunciantes pidieron valorar dentro de la investigación judicial.


El COPNIA, a su vez, negó la expedición de la matrícula profesional solicitada por Estrada. De acuerdo con la Resolución Nacional RN2026NALA007831, del 13 de febrero de 2026, el organismo ordenó a su Secretaría Regional Antioquia presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta adulteración de los documentos aportados durante el proceso.

Los denunciantes pidieron revisar un contrato de $ 78 millones con la DIAN


La denuncia también plantea dudas sobre un contrato de prestación de servicios que Estrada suscribió con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en 2025 por $78 millones.


El contrato 00-050-2025 tenía como objeto apoyar a la Dirección General de la entidad en la elaboración de estudios, lineamientos y políticas para el control y la fiscalización del sector minero.


Castellanos, Borda y Pedraza solicitaron que se recaude el expediente contractual completo. Buscan establecer qué diplomas, matrículas profesionales y certificaciones de experiencia presentó Estrada para acreditar la idoneidad requerida, así como determinar si los documentos cuestionados ante el COPNIA fueron utilizados en ese proceso.

La acción pide establecer si la condición de ingeniera fue usada en campaña


El escrito también solicita indagar si Estrada utilizó su presunta condición de ingeniera de Minas y Metalurgia como parte de su presentación ante el electorado durante la campaña para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.


Los denunciantes señalaron que la decisión que negó la matrícula profesional habría sido notificada el 19 de noviembre de 2025, antes de los comicios. Por esa razón, pidieron determinar si la congresista continuó atribuyéndose esa calidad profesional pese a conocer la decisión del COPNIA.


La denuncia solicita revisar una posible configuración de fraude al sufragante, en caso de que las autoridades concluyan que existió una conducta orientada a inducir a error a los electores mediante información académica o profesional falsa.


Además de ese delito, los firmantes solicitaron investigar posibles conductas de falsedad material en documento público, uso de documento público falso, fraude procesal y estafa. También pidieron identificar a quienes elaboraron y utilizaron los documentos, establecer si hubo beneficios económicos indebidos y determinar si existió una afectación al patrimonio público.


La Corte Suprema de Justicia deberá definir si abre una investigación formal contra la representante. Las denuncias no constituyen una declaración de responsabilidad penal, que solo puede ser determinada por las autoridades competentes tras el recaudo y la valoración de las pruebas.



Fuente: Comunicado de prensa

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