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Denuncia pide frenar licitación de vigilancia en Pereira tras el sismo del 10 de agosto

La denuncia pide suspender de inmediato el procedimiento, revocar su apertura y no celebrar la audiencia de adjudicación.

Por Yhancy BurgosRedacción EXTRA
⏱ 6 min de lectura
Denuncia pide frenar licitación de vigilancia en Pereira tras el sismo del 10 de agosto
Imagen de portada · Grupo Editorial Central

La Alcaldía de Pereira proyecta adjudicar un contrato de vigilancia por $18.877 millones mientras la ciudad enfrenta las consecuencias del sismo del 10 de agosto de 2026, que obligó a evacuar el Palacio Municipal y a reubicar de forma transitoria varias dependencias.


La licitación SMGA-LP-220-2026 contempla vigilancia sin arma, servicio canino y medios tecnológicos. La única oferta fue presentada por Estatal de Seguridad Ltda., actual contratista del Municipio, según la queja formal radicada por la veeduría Interveen Intervención Veedora Nacional.


La denuncia pide suspender de inmediato el procedimiento, revocar su apertura y no celebrar la audiencia de adjudicación, inicialmente programada para el 13 de noviembre. 


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El documento fue dirigido al alcalde Mauricio Salazar Peláez, a dependencias municipales y a organismos de control, entre ellos la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. 


La preocupación central de los veedores está en la contratación de cámaras, torniquetes, controles biométricos y un centro de datos para un edificio que fue evacuado después del movimiento telúrico. 


El expediente reconoce que las oficinas fueron trasladadas de manera transitoria, pero no define las características definitivas de las sedes donde operarán los funcionarios.

El pliego prevé tecnología para un Palacio Municipal evacuado

La queja señala que el pliego ubica la central de medios y el centro de datos en el segundo piso del Palacio Municipal. También distribuye cámaras en los pasillos entre los pisos dos y nueve, además de exigir torniquetes y controles biométricos para el acceso al inmueble.


Atentos. La Alcaldía de Pereira va a adjudicar una licitación de vigilancia por $18.877 millones (SMGA-LP-220-2026) con vigencias futuras excedidas en $9.599 millones sin justificación real. Y posiblemente con pliegos amarrados. Lo grave, además, es que mientras la ciudad está en emergencia por el sismo, en el proceso están exigiendo tecnología en sedes evacuadas donde ni siquiera saben dónde van a prestar el servicio. Además, la licitación quedó hecha, según la denuncia de Interveen veeduría ciudadana, a la medida de un único oferente, Estatal de Seguridad Ltda. por exigencias como la licencia canina local, pues es el único que la tiene. Ya pesa una denuncia formal de veedores ciudadanos exigiendo la suspensión inmediata del proceso.

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 16, 2026


Al mismo tiempo, el estudio previo admite que las condiciones de las instalaciones transitorias no están definidas y que pueden variar. 


Para la veeduría, esa contradicción pone en duda la pertinencia de destinar recursos a tecnología cuya ubicación y operación no están claramente establecidas.


El documento indica que los acuerdos de nivel de servicio para el componente tecnológico fueron fechados en julio de 2026, antes del terremoto. 


Esos anexos se refieren al Palacio Municipal como sede operativa, pese a que la administración debió desalojarlo tras el sismo.

La denuncia no cuestiona la necesidad de vigilancia en dependencias públicas. 

El reclamo se concentra en si el proceso definió de forma adecuada dónde se instalarán y cómo funcionarán los equipos tecnológicos después de la evacuación y reubicación temporal de las oficinas.

La veeduría cuestionó $9.599 millones en vigencias futuras

Otro de los puntos señalados se relaciona con los recursos aprobados para 2027. Según la revisión de Interveen, el Concejo de Pereira autorizó una vigencia futura por $25.985 millones, aunque el pliego estableció una necesidad de $16.385 millones para el período comprendido entre enero y septiembre de ese año.


La diferencia asciende a $9.599 millones, equivalentes al 58,6% de la necesidad calculada, de acuerdo con el texto de la queja. 


La veeduría sostiene que no encontró justificación suficiente en el expediente para ese excedente y solicitó una revisión fiscal y presupuestal. 


La organización también pidió verificar la trazabilidad del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 6842 y del trámite aprobado por el Comité Municipal de Política Fiscal. 


La denuncia plantea que existen cifras distintas en documentos del proceso y reclama explicaciones de la Secretaría de Hacienda y del Concejo.


Estas observaciones corresponden a los planteamientos presentados por la veeduría. La existencia de una irregularidad deberá ser determinada por las autoridades competentes después de revisar los soportes presupuestales y administrativos.

Los requisitos locales habrían reducido la competencia

La denuncia sostiene que varias exigencias del pliego pudieron limitar la participación de empresas diferentes a la actual contratista. 


Entre ellas figuran una sede canina autorizada en el Área Metropolitana Centro Occidente, una central de monitoreo en Pereira y un establecimiento de comercio con al menos 10 años de antigüedad en la zona.


El proceso también exigía una licencia para modalidades de asesoría, consultoría e investigación, aunque esas actividades no hacen parte del objeto contractual, según el documento. 


Interveen afirma que ese conjunto de condiciones configuraría requisitos de arraigo local que restringen la pluralidad de oferentes. 


La veeduría cuestionó, además, la obligación de demostrar una nómina de 316 guardas en Risaralda durante los seis meses anteriores. 


El escrito afirma que el dispositivo presupuestado para el contrato era menor y que el requisito podría excluir a compañías que no tengan en ejecución un contrato de magnitud similar en el departamento.


La queja no establece como un hecho probado que solo Estatal de Seguridad Ltda. tenga la licencia canina local. Sí sostiene que las condiciones de ubicación, antigüedad y habilitación exigidas en el pliego pudieron favorecer al proveedor que ya opera el servicio para el Municipio.

Los contratos con el mismo proveedor superan los $102.000 millones

Interveen incluyó en su revisión información de contratos adjudicados a Estatal de Seguridad Ltda. por la Administración Central de Pereira y por la Secretaría de Educación entre 2021 y 2026.


Según el cálculo presentado en la denuncia, cinco procesos superan los $102.000 millones. 


La organización pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio analizar si la repetición de adjudicaciones al mismo proveedor puede estar asociada a prácticas restrictivas de la competencia.


La veeduría solicitó que la entidad no adjudique el nuevo contrato hasta que reformule los requisitos habilitantes y de puntuación, aclare el presupuesto destinado a medios tecnológicos, defina el dispositivo de personal y garantice la participación de más oferentes.


También reclamó la publicación de documentos que, según su análisis, no figuran en el expediente público, entre ellos la minuta contractual, soportes de la vigencia futura, documentos técnicos de biometría y pruebas sobre la prestación del servicio durante el período entre contratos.


La respuesta de la Alcaldía de Pereira y las actuaciones que adopten los organismos de control definirán si el proceso continúa, se modifica o se suspende.


Fuente: Comunicado de prensa

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