Defensoría alerta por riesgo de masacres y desplazamientos en Nariño

La situación humanitaria en el Piedemonte Costero de Nariño genera preocupación por las amenazas que enfrentan las comunidades ante la presencia y las actividades de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre los riesgos de homicidios selectivos, masacres, confinamientos y desplazamientos masivos en los municipios de Ricaurte y Mallama, donde la población civil podría quedar expuesta a una nueva escalada de violencia.

De acuerdo con el documento, la terminación de los diálogos de paz del Gobierno nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y Comuneros del Sur podría provocar un retorno a las confrontaciones abiertas, con consecuencias especialmente graves para las comunidades indígenas, campesinas y demás habitantes de la región.

La alerta comprende la totalidad de los territorios de ambos municipios. En Ricaurte incluye la cabecera municipal, los barrios Santander, La Pola, Cartagena y Avenida Estudiantes, además de 13 resguardos indígenas Awá. En Mallama cubre la cabecera de Piedrancha, siete corregimientos, 28 veredas y el resguardo Gran Mallama, perteneciente al pueblo indígena Los Pastos.

La coexistencia entre grupos armados podría romperse

Uno de los principales factores de riesgo identificados por la Defensoría es el acuerdo de coexistencia armada que, según el documento, mantienen desde 2024 el Frente Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos de la CNEB. Esta relación habría permitido distribuir corredores estratégicos y controlar de manera coordinada economías ilícitas sin enfrentamientos directos entre ambas estructuras.

Sin embargo, el organismo advierte que ese equilibrio podría alterarse por las variaciones en los ingresos provenientes de la minería ilegal y el narcotráfico, así como por las tensiones derivadas de los procesos de paz. Una ruptura de los acuerdos podría desencadenar disputas por el territorio y aumentar las presiones contra las comunidades.

Según la alerta, Comuneros del Sur mantiene mecanismos de control social coercitivo y tendría intereses económicos asociados a la extracción ilegal de oro y al cobro de extorsiones en Mallama y la franja fronteriza de Ricaurte.

Por su parte, el Frente Iván Ríos de la CNEB es señalado de controlar laboratorios clandestinos para el procesamiento de cocaína, rutas del narcotráfico y corredores terrestres y fluviales hacia Ecuador. El documento también advierte sobre restricciones a la movilidad, retenes, citaciones obligatorias, toques de queda y riesgos de reclutamiento de menores.

Estas actividades, de acuerdo con la Defensoría, mantienen a la población bajo presión y limitan el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Otras estructuras aumentan las amenazas

La alerta también identifica la participación de otras organizaciones armadas y redes criminales que presuntamente cumplirían funciones de extorsión, logística y sicariato. Entre ellas aparecen las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), a las que el documento atribuye alianzas con organizaciones criminales ecuatorianas, como Los Lobos y Los Choneros.

La Defensoría señala que las AUN actuarían en sectores fronterizos y de cordillera y advierte sobre su presunto uso como fachada de Comuneros del Sur para evadir compromisos de cese al fuego.

Asimismo, el informe menciona al Frente 37 de La Nueva Urías Rondón, estructura surgida en 2025 que, según la alerta, difundiría panfletos amenazantes, impondría restricciones de movilidad y declararía objetivos militares a comerciantes y transportadores de Ricaurte y Mallama.

Aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC) no tendrían actualmente una presencia física continua en toda la subregión, la Defensoría advierte que conservarían redes de apoyo e información que podrían facilitar futuras incursiones. Esta posibilidad aumenta la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y el control de corredores estratégicos.

Comunidades indígenas enfrentan riesgos especiales

Los pueblos indígenas Awá y Los Pastos figuran entre las poblaciones más vulnerables frente a los escenarios descritos. En Ricaurte, la comunidad Awá está conformada por aproximadamente 16.208 personas, equivalentes al 77,75 % de los habitantes del municipio. Sus autoridades están representadas, entre otras organizaciones, por Camawari y la Unidad de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá (Uripawa).

El documento recuerda que el pueblo Awá fue reconocido como una comunidad en riesgo de exterminio físico y cultural mediante el Auto 004 de 2009. Entre las amenazas actuales identifica el reclutamiento forzado, la presión sobre sus territorios, la contaminación por minas antipersonal y las barreras lingüísticas que enfrentan las personas que hablan awapit.

En Mallama, el pueblo indígena Los Pastos reúne cerca de 8.810 personas, que representan el 93,33 % de la población municipal, vinculadas al resguardo Gran Mallama. La alerta advierte sobre homicidios contra autoridades tradicionales y extorsiones que afectarían el funcionamiento de sus gobiernos autónomos.

Las niñas, los niños y los adolescentes también están expuestos a riesgos de reclutamiento y desescolarización. La falta de infraestructura educativa adecuada, las dificultades de transporte y la limitada oferta de educación bilingüe pueden agravar la vulnerabilidad de las comunidades.

Además, las autoridades étnicas y los liderazgos sociales estarían sometidos a amenazas, intimidaciones y cobros extorsivos durante reuniones y elecciones tradicionales. Estas presiones podrían debilitar la autonomía indígena y afectar los mecanismos comunitarios de justicia y gobierno propio.

Firmantes de paz y trabajadores también están expuestos

La Defensoría identificó riesgos para 15 firmantes de paz y sus familias, vinculados a la Asociación Indígena Awá de Familias Firmantes de Paz (Asindipaz) y al partido Comunes. Estas personas podrían enfrentar estigmatización y represalias, especialmente en zonas rurales de difícil acceso.

El panorama también comprometería la seguridad de integrantes de la misión médica, comerciantes, transportadores y servidores públicos. Entre las situaciones señaladas figuran amenazas, interceptaciones a ambulancias y cobros ilegales en la Vía al Mar, además de señalamientos contra determinados trabajadores como posibles objetivos militares.

Estas circunstancias pueden dificultar la atención de emergencias, el traslado de pacientes, el abastecimiento de productos y la prestación de servicios institucionales. En un escenario de confrontación abierta, las restricciones a la movilidad también podrían impedir que las comunidades accedan oportunamente a asistencia humanitaria.

Minería ilegal y oleoducto, entre los factores de riesgo

La alerta plantea varios escenarios que podrían agravar la crisis. El primero es la ruptura de la coexistencia entre los grupos armados después del fin de los procesos de diálogo, lo que podría desencadenar enfrentamientos y provocar desplazamientos masivos o confinamientos que excedan la capacidad de respuesta de las administraciones municipales.

Otro factor es la expansión de la minería ilegal de oro en el río San Juan, desde Ecuador hacia territorios indígenas Awá. Según el documento, esta actividad podría incrementar las presiones sobre las tierras colectivas, facilitar transacciones forzadas y profundizar los conflictos relacionados con la elección de autoridades tradicionales y la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.

La eventual reactivación del transporte de crudo por el Oleoducto Transandino también genera preocupación. La Defensoría advierte que podría incentivar la instalación de válvulas clandestinas para abastecer refinerías ilegales, con riesgos de atentados contra la infraestructura petrolera, contaminación de fuentes hídricas y nuevas disputas armadas.

Finalmente, un eventual retorno del ELN o del EMC podría abrir otro frente de confrontación por el control del corredor estratégico de la Vía al Mar. El organismo también alerta sobre la posibilidad de que las presiones armadas debiliten a Camawari y al cabildo de Los Pastos, afectando sus estructuras tradicionales de gobierno y justicia propia.

La advertencia pone de manifiesto la necesidad de medidas de prevención y protección para las comunidades de Ricaurte y Mallama. La evolución de los procesos de paz, el comportamiento de las estructuras armadas y la respuesta de las autoridades serán factores determinantes para evitar que los riesgos identificados se conviertan en nuevas emergencias humanitarias en el suroccidente de Nariño.