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Defensoría alerta por disputa entre el ELN y disidencias en Casanare

La Alerta Temprana 027 de 2026 advierte riesgos de desplazamiento, confinamiento y reclutamiento forzado en cuatro municipios de Casanare.

Por Juan Carlos Gualguan MezaRedacción EXTRA
⏱ 4 min de lectura
Defensoría alerta por disputa entre el ELN y disidencias en Casanare
Imagen de portada · Grupo Editorial Central

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por el riesgo que representa la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco, para las comunidades del noroccidente de Casanare. Mediante la Alerta Temprana 027 de 2026, la entidad solicitó a las autoridades nacionales y territoriales adoptar medidas urgentes para proteger a la población civil ante una posible intensificación de la confrontación armada.

La advertencia, divulgada el 14 de noviembre de 2026, comprende los municipios de La Salina, Sácama y Támara, además de sectores de Hato Corozal, especialmente el área del resguardo indígena Chaparral Barro Negro. Según la institución, la expansión de las hostilidades desde Arauca hacia Casanare incrementa la exposición de los habitantes a diferentes vulneraciones de sus derechos.

Disputa territorial y expansión de grupos armados

De acuerdo con el organismo, la confrontación involucra al Frente Adonay Ardila Pinilla, perteneciente al Frente de Guerra Oriental del ELN, y al Frente 28, adscrito al Comando Conjunto de Oriente del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de Iván Mordisco.

La alerta identifica un proceso de recuperación y expansión territorial del Frente 28, con apoyo del Frente 10, mediante el traslado de estructuras armadas y la instalación de campamentos en zonas de difícil acceso. En respuesta, el ELN estaría desarrollando acciones para contener el avance de sus adversarios, lo que podría aumentar los enfrentamientos y las afectaciones a las comunidades.

La ubicación de los municipios advertidos también representa un factor estratégico. Estos territorios hacen parte de corredores de movilidad del Piedemonte Llanero que conectan a Casanare con Arauca, Boyacá y el centro del país. Según la Defensoría, estas rutas son utilizadas por los grupos armados para movilizar integrantes, transportar armas y establecer mecanismos de control territorial.

Riesgos para las comunidades y los derechos humanos

La Defensoría advirtió que la disputa no se limita a los enfrentamientos armados, sino que también está acompañada de prácticas de control social y coacción contra la población. Entre las situaciones identificadas se encuentran la imposición de manuales de convivencia abusivos, los registros casa a casa, las requisas de dispositivos móviles, los censos y las restricciones a la movilidad que pueden derivar en confinamientos.

Otro motivo de preocupación es la presencia de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar en caminos rurales, terrenos agrícolas y zonas cercanas a instituciones educativas. Estos elementos representan un peligro para la integridad de los habitantes y dificultan el desarrollo de sus actividades cotidianas.

La alerta también contempla posibles afectaciones a niñas, niños y adolescentes por el riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización por parte de las organizaciones armadas. Asimismo, identifica amenazas contra la autonomía y el gobierno propio del pueblo indígena U'wa, particularmente en los resguardos Guanu'wa Rauriu'wa y Chaparral Barro Negro.

Entre los grupos que requieren especial protección también están las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz que adelantan procesos de reincorporación, así como líderes y lideresas de juntas de acción comunal y funcionarios públicos locales, quienes estarían expuestos a intimidaciones, amenazas y desplazamientos.

Defensoría formula 28 recomendaciones a las autoridades

Ante el escenario de riesgo, la entidad formuló 28 recomendaciones dirigidas a instituciones nacionales, departamentales y municipales para prevenir nuevas vulneraciones y fortalecer la protección de las comunidades.

Entre los organismos convocados están los ministerios del Interior y de Defensa, la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Gobernación de Casanare y las alcaldías correspondientes.

Las medidas propuestas incluyen mecanismos de respuesta rápida, prevención de amenazas, protección de líderes sociales y comunidades indígenas, acceso a la justicia y asistencia humanitaria. También contemplan acciones para reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población y realizar seguimiento institucional a las recomendaciones.

La Defensoría recordó que las alertas tempranas tienen un carácter preventivo y no predictivo. Su propósito es advertir oportunamente sobre escenarios de riesgo y promover acciones coordinadas del Estado para proteger la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.

Fuente: Defensoría del Pueblo de Colombia – Comunicado 153, 14 de noviembre de 2026. · Ver fuente ↗

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