Cúcuta enfrenta el desafío de recuperar el control de su economía fronteriza
La ofensiva militar busca contener la violencia en Cúcuta, donde grupos armados extorsionan comercios y controlan rutas del intercambio fronterizo.
Cúcuta enfrenta una compleja situación de seguridad en la que la violencia, las economías ilegales y la debilidad del control institucional se entrelazan con las actividades comerciales de la frontera colombo-venezolana. Una ofensiva de las autoridades busca recuperar el control territorial, luego del asesinato de un aspirante a la Alcaldía y de un atentado con explosivos cerca de un puente internacional.
El escenario evidencia que el problema no se limita a los enfrentamientos armados. En distintos sectores, organizaciones criminales imponen cobros ilegales a comerciantes, transportadores y personas que utilizan los pasos fronterizos, convirtiendo el movimiento de mercancías y la actividad económica en fuentes de financiación.
Refuerzo militar tras hechos violentos
El asesinato de Miguel Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno municipal y aspirante a la Alcaldía de Cúcuta, generó preocupación por las condiciones de seguridad para quienes participan en la vida pública de la ciudad. Días después, un artefacto explosivo cerca de un puente internacional dejó civiles y policías heridos.
En respuesta, el Gobierno anunció el despliegue de más integrantes del Ejército para trabajar conjuntamente con la Policía. También informó sobre el fortalecimiento de la campaña Esparta y la puesta en marcha de un comando de seguridad urbana a partir del 3 de noviembre.
La intervención fue presentada como una medida temporal, aunque no se estableció una fecha definitiva para finalizar el refuerzo militar. El propósito anunciado es recuperar el orden y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.
Las economías ilegales aprovechan la frontera
La ubicación de Cúcuta, próxima a Venezuela y al Catatumbo, la conecta con corredores utilizados para el narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilegales. El control de estas rutas representa una fuente de ingresos para grupos armados que buscan imponer condiciones sobre el transporte y la circulación de personas y mercancías.
La dimensión del problema también se refleja en las cifras de cultivos ilícitos. Según datos de Naciones Unidas citados en el análisis, el Catatumbo registró 48.739 hectáreas de coca en 2024, un aumento del 11 % frente al año anterior. Esta extensión representó cerca de una quinta parte del total nacional reportado.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha advertido sobre las extorsiones que afectan a comerciantes de Cúcuta y municipios cercanos. Algunos establecimientos deben enfrentar exigencias económicas de organizaciones rivales, lo que expone a sus propietarios a amenazas y represalias.
En estas condiciones, pagar una extorsión puede convertirse en una imposición para continuar trabajando, pero no garantiza protección. La actividad comercial queda sometida a las reglas de actores armados que buscan controlar los ingresos y los movimientos en la región.
La crisis también afecta a las familias desplazadas
La violencia en el Catatumbo tiene consecuencias directas sobre Cúcuta, que recibe población desplazada por los enfrentamientos entre organizaciones armadas. Human Rights Watch reportó que más de 56.500 personas habían huido de la violencia en esa región durante la emergencia de 2025; alrededor de 20.300 llegaron a la capital de Norte de Santander.
Estas cifras corresponden a un registro de aquella emergencia y no representan necesariamente el número actual de personas desplazadas. Sin embargo, muestran la presión que enfrenta la ciudad en materia de vivienda, empleo, asistencia humanitaria y protección.
Recuperar la seguridad requiere más que presencia militar
El despliegue de tropas puede contribuir a proteger zonas estratégicas y responder a amenazas inmediatas, pero el análisis advierte que recuperar la seguridad exige intervenir las redes financieras y logísticas de las organizaciones criminales.
También resulta fundamental fortalecer la cooperación entre Colombia y Venezuela para investigar actividades que atraviesan la frontera, además de proteger el comercio legal y evitar que las restricciones terminen favoreciendo los pasos clandestinos.
El desafío para Cúcuta consiste en garantizar que comerciantes, transportadores y familias puedan desarrollar sus actividades sin someterse a cobros ilegales ni a las decisiones de grupos armados. La recuperación del control institucional dependerá de que las medidas de seguridad se traduzcan en condiciones duraderas para la población.
Fuente: Latinoamerican post
