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Crisis humanitaria por violencia en Nariño.

Un juzgado de Pasto ordenó medidas humanitarias para 1.824 personas afectadas por enfrentamientos armados en Nariño.

Por Jenny Marcela De La Cruz MartinezRedacción EXTRA
⏱ 2 min de lectura
Crisis humanitaria por violencia en Nariño.
Imagen de portada · Grupo Editorial Central
Una preocupante situación humanitaria mantiene en alerta a diferentes comunidades del departamento de Nariño. Una decisión del Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto busca garantizar la atención inmediata de familias afectadas por enfrentamientos entre grupos armados ilegales en los municipios de Linares, Los Andes y La Llanada.
La determinación judicial se produjo después de una acción de tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, que busca proteger los derechos fundamentales de las comunidades que enfrentan desplazamientos forzados y restricciones a su movilidad.
De acuerdo con información de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, conocida como OCHA, al menos 1.824 personas han resultado afectadas por esta problemática.

Familias enfrentan dificultades para permanecer en sus territorios

La situación ha generado consecuencias que van más allá del desplazamiento de los habitantes. También se han reportado afectaciones en viviendas, instituciones educativas, templos religiosos y sistemas comunitarios de abastecimiento de agua.
Para las familias que permanecen en sus comunidades, las restricciones de movilidad representan dificultades para conseguir alimentos, acceder a servicios médicos y desarrollar sus actividades cotidianas.
La orden judicial solicita a las administraciones municipales, la Gobernación de Nariño y la Unidad para las Víctimas activar mecanismos de asistencia que permitan entregar alimentos, agua potable, atención médica y alojamiento digno.
La decisión también establece la necesidad de prestar especial atención a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que requieren atención especial.
El caso evidencia la dimensión de la crisis de seguridad que atraviesan algunos territorios nariñenses y la necesidad de garantizar protección efectiva a la población civil.

Fuente: El contraste

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