Crisis humanitaria en Nariño: combates entre grupos armados dejan comunidades confinadas
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la escalada de violencia en zonas rurales de Linares y Los Andes

Una misión humanitaria también fue atacada cuando intentaba evacuar a familias atrapadas.
La violencia en el departamento de Nariño continúa generando preocupación por las afectaciones a la población civil. Los enfrentamientos entre el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, y las autodenominadas Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) han provocado una emergencia humanitaria en zonas rurales de los municipios de Linares y Los Andes.
Ante la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo exigió medidas urgentes para proteger a las comunidades, garantizar el acceso a servicios esenciales y permitir el ingreso seguro de las organizaciones encargadas de prestar asistencia humanitaria.
Las confrontaciones comenzaron el sábado 17 de octubre y han ocasionado restricciones a la movilidad, suspensión de actividades escolares y dificultades para conseguir alimentos, agua potable y atención médica.
Cientos de habitantes quedaron atrapados por los combates
Entre las zonas afectadas se encuentran las veredas El Arenal, Villa Nueva, La Loma y El Carrizal, en Los Andes, así como Tabiles, Parapetos, Tambillo de Bravos y La Cocha, en Linares.
El temor a quedar en medio del fuego cruzado ha obligado a numerosas familias a permanecer en sus viviendas, mientras las restricciones para desplazarse dificultan el abastecimiento de productos básicos.
Como medida preventiva, la Alcaldía de Los Andes suspendió las clases presenciales en instituciones educativas del casco urbano de Sotomayor y de la vereda El Carrizal. También ordenó el cierre temporal de escenarios deportivos.
La situación ha afectado especialmente a niños, adultos mayores y familias campesinas que dependen de la movilidad por caminos rurales para acceder a alimentos, servicios médicos y otros recursos indispensables.
Atacaron una misión humanitaria que intentaba evacuar a las familias
Uno de los hechos más preocupantes ocurrió el lunes 19 de octubre, cuando una comisión integrada por funcionarios de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Linares intentó llegar a la vereda Bella Florida para evacuar a los habitantes que permanecían confinados.
La delegación, en la que se encontraba el secretario departamental de Paz y Seguridad, Álex González, había logrado sacar a más de 300 personas de las veredas Parapetos, Las Cochas y Tambillo de Bravos.
Sin embargo, cuando avanzaba hacia Bella Florida, sus integrantes fueron recibidos con ráfagas de fusil, lo que obligó a suspender el recorrido y cancelar temporalmente el corredor humanitario hacia ese sector.
Según los reportes publicados, cerca de un centenar de personas continuaba sin poder salir de Bella Florida. Los funcionarios no resultaron heridos durante el ataque.
La Defensoría exige garantías para la población civil
La entidad advirtió que la escalada de violencia representa una amenaza directa para los derechos fundamentales de las comunidades y pidió una respuesta humanitaria integral y sostenida.
Entre las principales exigencias están garantizar el suministro de alimentos y agua potable, facilitar la atención en salud y asegurar que las misiones humanitarias puedan ingresar a las zonas afectadas sin exponerse a nuevos ataques.
La Defensoría también hizo un llamado a las alcaldías de Linares y Los Andes, a la Gobernación de Nariño y al Gobierno nacional para coordinar acciones que permitan atender a las familias confinadas y desplazadas.
Asimismo, instó a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario, abstenerse de involucrar a la población civil en las hostilidades y permitir las labores de evacuación y asistencia.
Una emergencia que mantiene en alerta a Nariño
La situación evidencia las consecuencias que el conflicto armado sigue teniendo sobre las comunidades rurales del departamento. Además del riesgo de resultar heridas durante los enfrentamientos, las familias afectadas deben afrontar interrupciones educativas, dificultades de abastecimiento y limitaciones para recibir atención médica.
Mientras las autoridades buscan alternativas para restablecer el acceso humanitario, la prioridad es proteger la vida de los habitantes y garantizar condiciones seguras para quienes permanecen atrapados en las zonas de confrontación.
La Defensoría insiste en que la asistencia no puede esperar y que todas las partes deben respetar a la población civil. La evolución de los combates y las garantías para el ingreso de las misiones humanitarias serán determinantes para aliviar la emergencia en Linares y Los Andes.




