Corte Suprema de Justicia ratificó condena al exmagistrado Camilo Humberto Tarquino
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme ayer este lunes 19 de octubre la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme ayer este lunes 19 de octubre la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino por su participación en el escándalo conocido como el cartel de la toga.
En la decisión, contenida en una sentencia de 109 páginas, la Sala de Casación Penal también ordenó su captura inmediata para que cumpla la pena en un establecimiento carcelario.
El alto tribunal concluyó que Tarquino incurrió en el delito de concusión en calidad de interviniente, relacionado con la solicitud de dinero a cambio de gestionar actuaciones judiciales en favor de un investigado.
Detalles del fallo
Según el fallo, después de terminar su periodo como magistrado en octubre de 2014, Tarquino abrió una oficina de abogados en Bogotá. Desde allí, habría utilizado su trayectoria y sus supuestos contactos en la Corte Suprema para ofrecer a potenciales clientes gestiones encaminadas a detener procesos, levantar órdenes de captura o frenar acusaciones.
Pidió $2 mil millones
Uno de los interesados en esos ofrecimientos fue el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, quien enfrentaba investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación pública del departamento.
De acuerdo con la sentencia, durante una reunión en su oficina, Tarquino le pidió a Lyons $2.000 millones a cambio de intervenir para que las investigaciones en su contra, que estaban en la Sala Penal de la Corte Suprema, fueran archivadas. Aunque el exmandatario no aceptó la propuesta, la Corte consideró que la solicitud de dinero configuró la conducta delictiva.
El intermediario
En el análisis de los hechos, la Sala Penal estableció que Tarquino había acordado previamente con el entonces magistrado José Leonidas Bustos Martínez actuar como intermediario en una estructura de corrupción judicial que, según la providencia, buscaba favorecer al exgobernador.
La sentencia señala que el propósito era incidir en las investigaciones a través de funcionarios de la Fiscalía que, de acuerdo con la decisión, también estaban articulados con esa red.
La Corte rechazó los argumentos de la defensa de Tarquino, que cuestionó su responsabilidad con el argumento de que ya no integraba el alto tribunal cuando ocurrieron los hechos. Para los magistrados, el hecho de haber terminado su periodo no eliminaba las obligaciones asociadas a la investidura que había ejercido ni la influencia derivada de su paso por la corporación.
En la decisión, la Sala sostuvo que utilizar el prestigio y las relaciones asociadas al ejercicio de la función judicial para obtener beneficios particulares afectó la administración de justicia y la confianza pública en la Rama Judicial.
Por hechos relacionados con este escándalo de corrupción judicial, la Corte Suprema también condenó a los expresidentes de esa corporación Francisco Javier Ricaurte y José Leonidas Bustos Martínez.
Ricaurte cumple su condena en prisión, mientras que Bustos permanece fuera de Colombia desde hace más de una década, según la información del caso.
TITULO (RECUADRO)
Diez años de prisión a José Leonidas Bustos
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 10 años y 3 meses de prisión impuesta al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez y requirió al Gobierno nacional para que adelante las gestiones diplomáticas necesarias para su extradición a Colombia.
Bustos Martínez fue condenado por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir por hacer parte de una red a la que pertenecieron varios abogados litigantes y que contactaba a integrantes del Congreso con el fin de cobrar sumas de dinero a cambio de interferir a su favor en procesos penales.
La Sala consideró probadas las conductas atribuidas a Bustos Martínez y señaló que el exmagistrado, quien llegó a ser presidente de la corporación, con su comportamiento materializó varias traiciones: a la ciudadanía, a la colegiatura que lo acogió, a la tradición histórica de esta última y al rol de la más alta dignidad judicial al que un abogado, en el ámbito nacional, puede aspirar.
Contexto de corrupción
“La Corte condena y rechaza el contexto de corrupción judicial acaecido. Esta decisión y esta reflexión se erigen como un mensaje para el porvenir de toda la Rama Judicial: la imparcialidad, la transparencia, la autonomía y la ética judicial son valores innegociables. Por eso, se debe velar de forma mancomunada para que hechos como los aquí juzgados no vuelvan a ocurrir. Jamás”, se lee en la sentencia, en la que la Sala lamenta la ocurrencia de estos hechos y enfatiza la gravedad de lo sucedido.
La Sala consideró significativo censurar, sin matices de ninguna naturaleza, los actos corruptos de quienes traicionaron el juramento que un día prestaron, por el daño generado en la confianza en el sistema judicial y por la sombra que tal proceder causó sobre todos los servidores judiciales del país, quienes, sin duda, cumplen con abnegación y rectitud sus labores.
“Sin duda, cuando la justicia se pervierte y se deja seducir por intereses ilegítimos, no solo falla el individuo que la representa, sino que se quiebra la imagen y la confianza institucional en una rama del poder público que, por esencia, es el sostén del Estado social y democrático de derecho”, añadió.
En la sentencia, la Sala exhorta al Gobierno nacional para que, a través de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Canadá, adelante las gestiones necesarias para que Bustos Martínez sea puesto a disposición de las autoridades colombianas.
