Corte Constitucional avala emergencia por terremoto pero fija límites a decretos
La Corte Constitucional declaró constitucional la emergencia económica por el terremoto de agosto de 2026, fijando límites territoriales y fiscales.

BOGOTÁ — La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró constitucional el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno nacional tras el sismo de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto de 2026. Sin embargo, mediante la sentencia C-366 de 2026 —con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González—, el alto tribunal condicionó la aplicación de los decretos 1261 y 1348 de 2026, restringiendo el uso de las facultades extraordinarias y la destinación de los fondos de auxilio. La decisión fue adoptada por una mayoría de siete votos contra uno, con el salvamento parcial de voto del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y la aclaración de Vladimir Fernández Andrade.

Restricciones y condiciones fijadas por la sentencia
Delimitación del alcance territorial: La declaratoria solo podrá cobijar a los municipios que registren afectaciones directas por el terremoto y sus réplicas de acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La inclusión de otras poblaciones requerirá de soporte técnico que acredite los daños sufridos.
Prohibición de atender crisis preexistentes: La Corte determinó que las facultades de excepción no podrán emplearse para resolver problemas previos a la calamidad, prohibiendo explícitamente adoptar medidas estructurales para el sistema penitenciario y carcelario o financiar asuntos ajenos al desastre.
Reconstrucción bajo mecanismos ordinarios: Las obras de infraestructura solo podrán ejecutarse mediante decretos extraordinarios si el Gobierno demuestra la insuficiencia de las vías presupuestales ordinarias y la relación directa con la recuperación de la zona.
Ajuste fiscal y control transparente: El Ministerio de Hacienda dispondrá de 20 días hábiles para recalcular el costo financiero de la emergencia. Adicionalmente, las entidades deberán justificar cada gasto y el Gobierno tendrá que implementar un mecanismo de seguimiento independiente accesible para los órganos de control.
Plan de recuperación multianual: El tribunal exhortó al presidente de la República a diseñar y ejecutar un plan integral de recuperación para las zonas impactadas con proyecciones presupuestales a varios años.
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