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Controversia jurídica por inasistencia de la gerente del Terminal al Concejo

Jenny Lorena García García argumentó que la naturaleza jurídica de la empresa le otorga autonomía administrativa y financiera

Por Diego Alberto Maigual MaigualRedacción EXTRA
⏱ 4 min de lectura
Controversia jurídica por inasistencia 
de la gerente del Terminal al Concejo
Imagen de portada · Grupo Editorial Central

Una controversia jurídica e institucional se generó en Ipiales luego de que la gerente de la Sociedad Terminal de Transporte Terrestre de Pasajeros, Jenny Lorena García García, se negara a comparecer ante el Concejo Municipal, que la había citado a un debate de control político programado para el miércoles 18 de noviembre.

La decisión de la funcionaria despertó interrogantes entre los integrantes de la corporación sobre el alcance de sus facultades para solicitar explicaciones a quienes están al frente de empresas que cuentan con participación de capital público.

A través de un documento de cinco folios, fechado el 17 de noviembre y dirigido al Concejo, García García expuso los argumentos jurídicos que sustentan su negativa a asistir a la convocatoria. En su respuesta, explicó que el Terminal de Transporte es una sociedad de economía mixta, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, características que, según su interpretación, limitan la competencia del Concejo para exigir su comparecencia mediante un debate de control político.

Argumentos

La gerente también señaló que las decisiones administrativas y societarias de la empresa corresponden a sus propios órganos de dirección, principalmente a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva.

 

Sin embargo, esta postura abrió una discusión sobre las disposiciones legales que regulan la vigilancia de las sociedades de economía mixta y su relación con las corporaciones públicas del orden municipal. La Ley 489 de 1998 reconoce a estas sociedades como parte de la estructura descentralizada del Estado. Asimismo, los artículos 32 y 38 de la Ley 136 de 1994 contemplan atribuciones de los concejos municipales para solicitar información y ejercer determinadas funciones de vigilancia y control, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.

En este contexto, la autonomía administrativa y financiera de una empresa no significa necesariamente que esté exenta de los mecanismos de seguimiento relacionados con la participación de recursos públicos y el cumplimiento de sus responsabilidades.

Uno de los interrogantes que surgió es si la negativa de la gerente podría generar consecuencias jurídicas. Al respecto, es necesario precisar que la inasistencia no configura automáticamente una falta disciplinaria o una conducta penal.

Para establecer una eventual responsabilidad tendría que determinarse si la citación cumplió los requisitos legales y si la representante de la sociedad estaba obligada a comparecer, teniendo en cuenta el régimen jurídico aplicable.

Debate

Por su parte, Jenny Lorena García manifestó su disposición de entregar la información solicitada por los concejales mediante el mecanismo del derecho de petición. No obstante, aclaró que responder estos requerimientos no significa reconocer facultades de intervención del Concejo en las decisiones administrativas y societarias del Terminal. La discusión también pone sobre la mesa la diferencia entre ejercer vigilancia sobre una empresa con participación pública e intervenir directamente en su funcionamiento interno, competencias que deben analizarse de acuerdo con la legislación vigente.

Para establecer con precisión los alcances jurídicos de ambas partes será necesario revisar los estatutos de la sociedad, su composición accionaria, el acto de constitución y las condiciones en las que se realizó la citación.

Lo ocurrido marca un episodio particular en la relación institucional entre el Terminal de Transporte y el Concejo de Ipiales. Según la información conocida, sería la primera vez desde la creación de la sociedad que uno de sus gerentes se niega a comparecer ante la corporación en una convocatoria de control político.

La controversia deja abierto el debate sobre los mecanismos de vigilancia de las empresas con participación de capital público y las competencias que tienen los concejos municipales para solicitar explicaciones sobre su funcionamiento.


Jenny Lorena García, Gerente.

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