Conductas suicidas preocupan en la Costa Pacífica nariñense

La Defensoría del Pueblo presentó el informe ‘Buen futuro en el Pacífico colombiano’: estudio sobre trayectorias de salud mental y conducta suicida de niñas, niños y adolescentes, un documento que analiza esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos y determinación social.

El estudio, presentado por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, revela que entre 2021 y 2025 se registraron 1.533 intentos de suicidio entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las tres subregiones estudiadas.

Periodo analizado

Del total, 453 casos correspondieron al Chocó, 425 al Pacífico medio y 655 al Pacífico nariñense, siendo esta última zona la que concentró el mayor número de registros durante el periodo analizado. A estas cifras se suman 122 muertes por suicidio. De ellas, 39 ocurrieron en Chocó, 32 en el Pacífico medio y 51 en el Pacífico nariñense.

La investigación abarcó todos los municipios del departamento del Chocó y, en el caso del Pacífico medio y nariñense, incluyó territorios como Buenaventura, Guapi, Timbiquí, López de Micay, Magüí, Roberto Payán, Barbacoas, Olaya Herrera, El Charco, Santa Bárbara, La Tola, Ricaurte, Mosquera, Francisco Pizarro y San Andrés de Tumaco.

El informe advierte que la conducta suicida no puede entenderse únicamente como un fenómeno clínico o individual, pues está relacionada con múltiples condiciones sociales y territoriales que inciden en las posibilidades de las personas para desarrollar sus proyectos de vida.

Exclusión institucional

En estos territorios, habitados principalmente por comunidades afrodescendientes e indígenas, persisten factores como la exclusión institucional, el conflicto armado, la pobreza multidimensional y las barreras para acceder de manera efectiva a derechos fundamentales.

De acuerdo con la investigación, estas condiciones pueden afectar las relaciones comunitarias y familiares, las oportunidades de desarrollo y las posibilidades de construir proyectos de vida en condiciones dignas.

Durante la presentación del informe, Iris Marín Ortiz resaltó que hablar de un buen futuro implica garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y generar condiciones para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan recuperar la confianza y la esperanza.

El documento plantea así la necesidad de fortalecer las respuestas sociales e institucionales frente a la conducta suicida, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y las condiciones que rodean a las comunidades. La Defensoría del Pueblo pone el énfasis en la prevención, la garantía de derechos y la construcción de entornos que permitan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes encontrar oportunidades y alternativas para desarrollar sus proyectos de vida.