COLOMBIA SUPERA LAS 1.000 DEPORTACIONES DE CIUDADANOS EXTRANJEROS EN TRES MESES
El Gobierno nacional informó que más de mil ciudadanos extranjeros han sido deportados o expulsados del país durante los primeros tres meses de administración.
Por Johan Sebastian Jurado MartinezRedacción EXTRA
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Imagen de portada · Grupo Editorial Central
La política migratoria de Colombia vuelve a ser noticia luego de que el Gobierno nacional reportara que durante los primeros tres meses de administración se han realizado más de 1.000 deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros.
La cifra fue conocida luego de una nueva operación desarrollada durante la noche del domingo 8 de noviembre, en la que fueron expulsadas 33 personas extranjeras que se encontraban en Barranquilla y Cartagena.
Según las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, los ciudadanos expulsados acumulaban 152 medidas correctivas por comportamientos relacionados con porte de armas blancas, riñas, consumo de estupefacientes e irrespeto a integrantes de la Fuerza Pública.
Más de mil procedimientos migratorios
De acuerdo con cifras entregadas por la Presidencia, hasta el pasado 29 de octubre se habían contabilizado 812 deportaciones y expulsiones en diferentes regiones del territorio nacional.
De ese total, 462 procedimientos estuvieron relacionados con razones de seguridad nacional, orden público o requerimientos de autoridades extranjeras y de Interpol.
Sin embargo, durante los últimos días se desarrollaron nuevos operativos que elevaron la cifra a más de mil personas expulsadas del país.
Las acciones han contado con la participación de Migración Colombia y diferentes organismos de la Fuerza Pública.
¿Por qué se están realizando las deportaciones?
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan fortalecer los controles migratorios y garantizar la seguridad ciudadana, especialmente frente a personas extranjeras que presentan antecedentes, incumplen las normas o registran comportamientos contrarios a la convivencia.
Las autoridades también han señalado que los procedimientos hacen parte de una estrategia para combatir actividades delictivas y mantener el orden público en las principales ciudades.
No obstante, cada procedimiento migratorio debe desarrollarse conforme a la legislación colombiana y respetando las garantías y los derechos fundamentales de las personas involucradas.
