Colombia registra 442 ataques con drones explosivos desde 2024
Colombia registra 442 ataques con drones explosivos entre 2024 y octubre de 2026. Cauca concentra 244 casos, según cifras de la Fuerza Pública.
El uso de drones cargados con explosivos se ha convertido en un desafío creciente para la seguridad en Colombia. Un consolidado de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, divulgado por Caracol Radio, registra 442 ataques entre enero de 2024 y el 1 de octubre de 2026, con un saldo de 25 personas muertas y 356 heridas, además de afectaciones a integrantes de la Fuerza Pública.
El balance reporta 108 ataques durante 2024, 158 en 2025 y 176 en los primeros nueve meses de 2026. La evolución de los registros evidencia la persistencia de esta modalidad de violencia, en la que grupos armados utilizan equipos comerciales adaptados para observar movimientos de las autoridades y lanzar explosivos a distancia.
Cauca concentra los ataques con drones en Colombia
El departamento del Cauca encabeza el registro nacional, con 244 incidentes, seguido de Norte de Santander, con 64; Valle del Cauca, con 36; y Chocó, con 30. También aparecen Guaviare, con 13 casos; Nariño, con 12; Bolívar, con 10; y Arauca, con nueve.
Los demás incidentes se distribuyen en Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo, Risaralda y Tolima, según el consolidado citado.
La concentración de los hechos en departamentos afectados por el conflicto armado pone de relieve los desafíos que representa esta tecnología para las operaciones militares, la seguridad de las comunidades rurales y la capacidad de respuesta de las autoridades.
La FIP advierte sobre una amenaza en expansión
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) también alertó sobre el crecimiento de los ataques con drones y la adaptación de los grupos armados a nuevas herramientas tecnológicas.
En un análisis publicado el 8 de octubre de 2026, la organización reportó 716 ataques con drones desde 2023 hasta el 1 de octubre de 2026, de los cuales 318 ocurrieron durante este año. La FIP indicó, además, que el 71 % de los hechos documentados se concentró en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander.
La fundación plantea fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, mejorar la inteligencia y coordinar las respuestas institucionales para enfrentar esta modalidad de ataque. Sus recomendaciones se enmarcan en un desafío más amplio: recuperar el control territorial y reducir los riesgos para las comunidades expuestas a la confrontación armada.
Los dos balances disponibles no deben interpretarse como una única serie estadística: corresponden a publicaciones distintas y abarcan periodos de registro diferentes. Por eso, sus cifras deben citarse junto con la fuente y el intervalo temporal correspondiente.
China rechaza señalamientos sobre el origen de la tecnología
La procedencia de los equipos y componentes utilizados en estos ataques también ha generado cuestionamientos diplomáticos. La Embajada de China en Colombia rechazó la solidez de las conclusiones que vinculan la participación de tecnología de origen chino con el uso ilegal de drones por parte de grupos armados.
En declaraciones divulgadas por Caracol Radio el 6 de octubre, la representación diplomática cuestionó el rigor de las afirmaciones basadas en la participación de China en el mercado mundial de drones. También sostuvo que el país aplica controles a las exportaciones de artículos de doble uso y rechazó el empleo de esta tecnología con fines no pacíficos.
La discusión exige distinguir entre el origen comercial de un equipo y la responsabilidad por su utilización. La presencia de fabricantes de un país en el mercado internacional no demuestra, por sí sola, que su Gobierno sea responsable de los ataques perpetrados con esos dispositivos.
El reto de rastrear equipos y proteger a la población
La expansión de los drones modificados para transportar explosivos plantea retos de vigilancia, prevención e investigación. Las autoridades deben afrontar no solo el uso de los aparatos durante los ataques, sino también las redes de adquisición, adaptación y operación que hacen posible esta modalidad.
La respuesta requiere coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia, fortalecimiento de las capacidades de detección y protección de las comunidades rurales. También resulta clave investigar las cadenas de suministro y el uso ilícito de componentes sin atribuir responsabilidades colectivas por el origen nacional de la tecnología.
Con Cauca como principal foco del consolidado de 442 casos, el seguimiento a esta modalidad será determinante para dimensionar la evolución de la amenaza y evaluar la eficacia de las medidas estatales. Los próximos balances deberán permitir establecer si las estrategias de prevención, inteligencia y protección territorial logran contener los ataques y reducir sus consecuencias para la población y la Fuerza Pública.
Fuente: ejercito, Policía Nacional.
