Colegio de Caramanta anuncia acciones legales por presunto diploma alterado de Verónica
La institución educativa Juan Pablo Gómez Ochoa anunció acciones legales tras encontrar inconsistencias en documentos académicos atribuidos a la congresista

controversia alrededor de los documentos académicos de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada continúa generando repercusiones en el escenario político colombiano. Esta vez, el Colegio Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicado en el municipio de Caramanta, Antioquia, anunció que acudirá a las autoridades por las presuntas irregularidades encontradas en un diploma de bachiller atribuido a la congresista.
Según la información divulgada por medios de comunicación nacionales, la institución educativa revisó sus registros académicos y encontró inconsistencias entre el documento presentado y las actas oficiales de graduación correspondientes al año 2017.
De acuerdo con las declaraciones de una funcionaria administrativa del plantel, Estrada habría cursado estudios en la institución, pero no habría completado satisfactoriamente su educación media. Además, su nombre no aparecería en el listado oficial de los estudiantes graduados en la promoción señalada.
Uno de los aspectos que más preocupación ha generado es que en los documentos cuestionados aparecen firmas atribuidas a funcionarios del establecimiento educativo, quienes habrían manifestado que no reconocen esas firmas como propias.
Las autoridades deberán esclarecer el origen de los documentos
El anuncio de acciones legales busca establecer quién elaboró los documentos, cómo llegaron a ser utilizados y si existió alguna conducta irregular relacionada con su expedición o presentación.
El caso también se relaciona con los cuestionamientos sobre los estudios universitarios que la congresista habría atribuido a la Universidad Nacional de Colombia, institución que ha señalado que no encontró registros académicos que acrediten su condición de estudiante o egresada del programa mencionado.
La situación ha provocado reacciones dentro del escenario político nacional y ha aumentado la presión para que se aclaren las dudas sobre la formación académica de la representante.
Ahora será responsabilidad de las autoridades competentes verificar la autenticidad de los documentos, analizar las pruebas y determinar si existe alguna responsabilidad legal.
Por el momento, los señalamientos deben entenderse como hechos sujetos a investigación y no como una condena. La congresista conserva las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia mientras se esclarece el caso.
Fuente: Noticias Caracol, Caracol Radio, Universidad Nacional de Colombia y medios nacionales que han informado sobre el caso.




