Claudia Sheinbaum propone elevar a rango constitucional la no privatización del agua
La presidenta Claudia Sheinbaum propuso prohibir en la Constitución la privatización del agua para garantizar el servicio público en los municipios
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso formalmente elevar a rango constitucional la prohibición de privatizar la operación de los servicios de agua potable en todo el territorio nacional. La mandataria enfatizó la necesidad de blindar jurídicamente este recurso vital para asegurar que el suministro mantenga de manera permanente su carácter público, equitativo y accesible para la ciudadanía.
Durante su intervención, la jefa de Estado explicó que actualmente las concesiones para la gestión, distribución y cobro del servicio de agua son otorgadas directamente por las administraciones estatales y municipales. Por esta razón, argumentó que la forma más efectiva de evitar que el recurso pase a manos privadas es mediante la inclusión de un candado de carácter superior en la Carta Magna.
La iniciativa presidencial busca proteger el derecho humano al agua y evitar incrementos desmedidos en las tarifas tarifarias que suelen registrarse bajo esquemas de privatización. De igual forma, el proyecto plantea que la administración directa por parte del Estado garantiza una cobertura social prioritaria en aquellas comunidades marginadas o vulnerables que carecen de una red adecuada.
El anuncio de la mandataria ha generado diversas reacciones en el panorama político y social, abriendo un debate nacional sobre la sostenibilidad financiera de las empresas públicas de acueducto y alcantarillado. Diversos sectores comunitarios y defensores del medio ambiente expresaron su respaldo a la medida, considerándola un paso clave para el ordenamiento hídrico del país.
Se espera que en los próximos días la propuesta formal sea redactada e ingresada al Congreso de la Unión para su correspondiente trámite legislativo y discusión parlamentaria. De ser aprobada, la reforma constitucional marcará un precedente en la política pública mexicana sobre el manejo, protección y control estatal del recurso hídrico.
