Choque institucional en Polonia tras la suspensión de la cúpula del Constitucional

VARSOVIA — La crisis política en Polonia alcanzó un nuevo punto de ebullición este viernes 30 de octubre tras la suspensión por un mes del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La medida fue decretada por la magistrada Anna Korwin-Piotrowska —electa por la actual mayoría parlamentaria del Sejm—, quien asumió la dirección interina de la alta corte y motivó el despliegue de la Policía en el perímetro del edificio en Varsovia a solicitud del ministro de Justicia, Waldemar Żurek, y de la propia jueza en funciones. Mientras la facción de Święczkowski y el partido conservador Ley y Justicia (PiS) denunciaron las acciones como un «golpe de Estado» e invasión ilegítima de la sede judicial, el primer ministro Donald Tusk defendió el procedimiento afirmando que forma parte de un proceso firme e indispensable para restaurar el Estado de derecho tras los años de control institucional de la anterior administración.

La escalada del enfrentamiento motivó la interrupción urgente del viaje oficial a Senegal del presidente Karol Nawrocki, aliado del PiS y severo opositor del Ejecutivo, quien ordenó el retorno inmediato de su avión a la capital para responder ante el deterioro institucional. Paralelamente, el líder del PiS, Jarosław Kaczyński, se apersonó a las afueras del tribunal para denunciar el inicio de un «Estado policial» y pedir la intervención del jefe de Estado. La controversia se enmarca en un encono de una década sobre la legitimidad de las designaciones en el Tribunal Constitucional, agravado durante 2026 por el bloqueo del presidente Nawrocki a la juramentación de cinco de los ocho magistrados electos por la nueva mayoría parlamentaria, sumiendo al máximo órgano constitucional en un escenario de parálisis operativa y bicefalia administrativa.