Chile promulga la Ley 21.849 que regula el uso de la fuerza policial y militar
La Ley 21.849 fue publicada el 16 de octubre y establece principios, niveles de actuación y responsabilidades para policías y militares.
Chile promulgó la Ley 21.849, una normativa que establece reglas generales para el uso de la fuerza por parte de las policías y de las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias. El texto fue publicado el 16 de octubre de 2026 en la Biblioteca del Congreso Nacional y fija principios y obligaciones para orientar las actuaciones de los agentes de seguridad de acuerdo con las condiciones de cada procedimiento.
La ley fue promulgada el 9 de octubre por el presidente José Antonio Kast y lleva las firmas de los ministros de Seguridad Pública, Martín Arrau García-Huidobro; Defensa Nacional, Fernando Barros Tocornal; Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange Concha.
Qué establece la nueva ley sobre el uso de la fuerza
La normativa dispone que las actuaciones deben respetar los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Esto significa que el empleo de la fuerza debe ajustarse a la legislación vigente, responder a una necesidad concreta y considerar las circunstancias y el contexto de cada intervención.
Para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la ley contempla distintos niveles de actuación: presencia policial, comunicación y persuasión verbal, reducción física de la movilidad, utilización de medios menos letales y fuerza potencialmente letal. Estos niveles no constituyen una secuencia obligatoria, pues la respuesta puede aumentar o disminuir según la agresión o resistencia que enfrenten los funcionarios.
El uso de fuerza potencialmente letal queda sujeto a condiciones específicas, entre ellas que las medidas previas resulten insuficientes y que exista una justificación legal para recurrir a ella.
Obligaciones para policías y militares
La ley también exige formación y capacitación periódicas, equipamiento adecuado y medidas para proteger la vida y la integridad física de terceros. Además, establece deberes de advertencia cuando las circunstancias lo permitan, prestación de primeros auxilios a las personas heridas, registro de los procedimientos e informes sobre los episodios en los que se haya empleado la fuerza.
En el caso de las Fuerzas Armadas, las disposiciones se aplican cuando sus integrantes son convocados legalmente para tareas de resguardo del orden público, seguridad pública interior o protección de recintos militares. La normativa contempla reglas específicas para estas intervenciones y para la protección de infraestructura crítica.
Responsabilidad y aplicación de la normativa
El texto establece que el incumplimiento de las reglas puede generar responsabilidades para quienes empleen la fuerza y, en los casos previstos por la ley, para sus mandos o autoridades civiles. También incorpora disposiciones sobre peritajes en investigaciones penales relacionadas con actuaciones policiales o militares.
La publicación de la ley marca la entrada en vigor de un marco legal general para estas actuaciones. No obstante, el texto dispone un plazo de un año desde su publicación para dictar los reglamentos relativos a sus disposiciones generales. Mientras estos se expiden, continuarán vigentes las normas reglamentarias e institucionales que no contradigan la nueva legislación.
Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (Ley Chile). · Ver fuente ↗
