Caos en Asuncion: Congreso paraguayo inicia juicio politico contra el presidente Peña
El presidente de Paraguay presentó su renuncia tras la quiebra de Ueno Bank, pero el Congreso rechazó la dimisión y abrió un juicio político en su contra.
La crisis institucional en el Palacio de López
El panorama institucional de Paraguay experimentó una fractura absoluta este jueves 5 de noviembre de 2026 tras la sorpresiva renuncia presentada por el presidente de la República, Santiago Peña. La dimisión del jefe de Estado se produjo como un intento estratégico para frenar el avance de un juicio político en el parlamento y blindar sus fueros legales ante el colapso del sistema financiero nacional.
Sin embargo, el trámite dio un giro inesperado cuando las bancadas de legisladores oficialistas rompieron el cuórum de la sesión conjunta dispuesta para ratificar la salida formal del mandatario. Ante la falta de cuórum, el Congreso Nacional de Asunción rechazó procesar la renuncia y activó de inmediato las audiencias del juicio político contra Peña, quien se vio obligado a permanecer formalmente en el ejercicio del cargo presidencial para asumir su defensa técnica ante el Senado. El origen de la emergencia radica en la quiebra y posterior intervención estatal del Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), luego de que sus índices de solvencia se desplomaran por debajo del 50 % del mínimo legal exigido por las autoridades reguladoras.
Puertas giratorias y la pérdida del fuero de senador vitalicio
La argumentación jurídica y política que sostiene la acusación contra el presidente Peña expone la cara más severa de la responsabilidad penal de los altos dignatarios. El pliego levantado por los congresistas opositores tipifica conductas graves de cooptación del Estado, conflicto de intereses y la práctica de "puertas giratorias". Se acusa de forma directa a la administración de haber direccionado millonarios recursos procedentes de los fondos de pensiones públicos hacia las arcas de Ueno Bank, una entidad privada donde el propio Santiago Peña figuraba como accionista principal a través de un conglomerado empresarial (Ueno Holding), del cual presuntamente se desvinculó mediante la venta de sus activos en marzo de 2025.
La premura del Congreso por avanzar con la destitución mediante el juicio político, en lugar de aceptar la dimisión voluntaria, obedece a una estricta estrategia jurídica amparada en el artículo 189 de la Constitución de Paraguay. La carta magna establece que los expresidentes adquieren de forma automática la investidura y los fueros de senadores vitalicios, una protección constitucional que les impide ser procesados o arrestados por la justicia ordinaria. La única excepción legal para anular este beneficio es que el mandatario sea hallado culpable y destituido explícitamente mediante el voto del Senado. Al forzar el desarrollo del juicio de responsabilidades, el legislativo busca arrebatarle de raíz dicha inmunidad parlamentaria, abriendo el camino para que la Fiscalía General de la Nación proceda con la captura y el procesamiento criminal de Peña dentro de las tres causas penales vigentes por fraude y desfalco financiero.
