Cancillería declara reservados los acuerdos firmados entre Colombia y Estados Unidos
La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de declarar reserva los recientes memorandos entre el gobierno colombiano y la delegacion de Estados unidos
el senador Marco Rubio tras su paso por Barranquilla, desató una intensa controversia jurídica y política en el país. La entidad negó el acceso público a los documentos argumentando razones de confidencialidad y señalando que se trata de instrumentos no vinculantes.
Frente al secretismo institucional, defensores del acceso a la información y veedurías ciudadanas interpusieron una acción de tutela con el objetivo de que la rama judicial revise de fondo esta determinación y ordene la entrega inmediata de la documentación sobre los compromisos asumidos por Colombia en sectores estratégicos como los minerales críticos y la cooperación nuclear.
Los memorandos suscritos durante la cumbre binacional en la capital del Atlántico abarcan materias de alta relevancia geopolítica y de soberanía nacional. Aunque la Cancillería argumenta que estos textos no generan obligaciones legales inmediatas, analistas sostienen que sientan las bases de la política extractiva y energética del país:
Acuerdos marco para la exploración, extracción y comercialización de insumos clave como el litio, níquel y cobre.
Lineamientos preliminares sobre transferencia tecnológica y asistencia en programas de energía atómica pacífica.
Entendimientos estratégicos vinculados a la agenda de cooperación y desarrollo económico regional.
"La ciudadanía tiene derecho a conocer el alcance de los compromisos internacionales que comprometen nuestros recursos naturales estratégicos. La reserva no puede convertirse en la regla para eludir la veeduría pública", señala el recurso interpuesto ante los tribunales.
La justicia decidirá sobre el derecho a la información pública
El argumento central de la Cancillería para no revelar los folios radica en que divulgar las discusiones diplomáticas en desarrollo podría afectar los intereses de la política exterior colombiana. No obstante, los accionistas de la tutela recuerdan que la Ley de Transparencia obliga a las entidades del Estado a justificar de forma rigurosa y excepcional cualquier tipo de reserva documental.
La decisión final quedará en manos de los jueces de la República, quienes deberán ponderar el equilibrio entre la reserva diplomática argumentada por el Gobierno Nacional y el derecho fundamental de los colombianos a acceder a la información sobre el futuro de sus bienes comunes e infraestructura estratégica.
