Bukele estima que 5.000 colaboradores de pandillas podrían recibir beneficios carcelarios

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que alrededor de 5.000 personas detenidas por colaborar con pandillas podrían acceder a beneficios penitenciarios que les permitirían recuperar la libertad antes de cumplir sus condenas. La propuesta contempla revisar los expedientes de 10.629 presos identificados por el Gobierno como colaboradores ocasionales de estas estructuras criminales, sin considerarlos integrantes de las pandillas.

El mandatario precisó el alcance de la iniciativa el viernes 16 de octubre de 2026, después de adelantar el plan durante una conferencia de prensa celebrada el martes anterior. La medida se enmarca en el régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022.

¿A quiénes beneficiaría la medida?

Bukele explicó que la evaluación se concentrará en personas cuya colaboración habría sido ocasional, a diferencia de quienes mantienen una participación habitual o forman parte de las estructuras criminales. Según el mandatario, una revisión preliminar indica que aproximadamente la mitad de los 10.629 casos podría cumplir los criterios para acceder al programa.

La iniciativa estaría vinculada a Cero Ocio, un programa penitenciario que promueve actividades de utilidad pública, como la rehabilitación de escuelas y la fabricación de mobiliario escolar. De acuerdo con lo expuesto por Bukele, la participación en estas actividades podría facilitar una salida anticipada bajo condiciones de libertad vigilada o condicional, según corresponda.

El presidente sostuvo que el objetivo es diferenciar entre quienes integran las pandillas y quienes colaboraron con ellas de manera circunstancial. No obstante, la cifra de 5.000 personas corresponde a una estimación preliminar: la eventual concesión de beneficios dependerá de la revisión de los expedientes.

El régimen de excepción y las críticas a la política de seguridad

El régimen de excepción fue instaurado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas y ha permitido miles de detenciones. La política de seguridad del Gobierno ha sido defendida por su impacto en la reducción de la violencia, pero también ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos por presuntas detenciones arbitrarias, abusos y muertes bajo custodia estatal.

La eventual concesión de beneficios penitenciarios abre un nuevo capítulo en la estrategia salvadoreña, al plantear una distinción entre los miembros de las pandillas y las personas señaladas por colaborar con ellas. Por ahora, el anuncio no supone la liberación automática de los posibles beneficiarios, sino una revisión de casos cuyo resultado determinará quiénes podrían acceder a medidas anticipadas.