Autoridades deben reforzar atención humanitaria ante ataques con drones y desplazamientos
Tres detonaciones con explosivos lanzados por drones se registraron en El Tarra, Norte de Santander, el 21 de octubre.
El miércoles 21 de octubre se registraron tres detonaciones provocadas por artefactos explosivos dirigidos mediante drones en el casco urbano y el área rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander, específicamente en el barrio Villa Esperanza y la vereda El Llano. Las personas afectadas física y psicológicamente, entre ellas una adolescente, están siendo atendidas en centros de salud cercanos.
Además, en la tarde, se registró la llegada de más de 50 núcleos familiares al casco urbano de El Tarra. Ante esta situación, se activó el plan de contingencia y la Personería Municipal inició la caracterización de las familias afectadas por este desplazamiento masivo, ocurrido en el contexto del conflicto armado.
Estos hechos se suman a los ataques con artefactos explosivos, las confrontaciones armadas, las amenazas y las restricciones a la movilidad que afectan a las comunidades de San Calixto, El Tarra y El Carmen, y que agravan la situación humanitaria en la región del Catatumbo.
Desplazamiento
Desde comienzos de 2026, El Tarra ha sido uno de los municipios más afectados por el desplazamiento forzado en la subregión, con 1.447 personas desplazadas, pertenecientes a 611 familias de áreas rurales.
En San Calixto, de acuerdo con información suministrada por el Ministerio Público, los ataques con drones han ocasionado el desplazamiento forzado de cerca de 200 familias, equivalentes a 600 personas, en veredas del corregimiento de La Cristalina y de la zona norte de San Calixto, en límites con El Tarra.
Según los reportes preliminares, 10 familias desplazadas han llegado al casco urbano de San Calixto, y se reportan desplazamientos de familias desde la vereda La Azulita hacia El Tarra. Por otra parte, una niña resultó herida por esquirlas de un artefacto explosivo utilizado en un ataque con dron y actualmente recibe atención médica en Ocaña.
Las personerías municipales están brindando atención y orientación a las familias que han llegado a estos municipios, mientras continúa el seguimiento a la evolución de la situación humanitaria. Los ataques con drones también han ocasionado pérdidas de vidas y afectaciones físicas y psicológicas a personas expuestas a esta modalidad de violencia.
Sumado a estos hechos, en la noche del jueves 22 de octubre, se reportó el secuestro de un comerciante de 69 años en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. Según información preliminar, hombres armados lo habrían interceptado cuando se dirigía a una propiedad en las afueras del municipio y trasladado hacia una zona rural. Las autoridades activaron un operativo para dar con su paradero.
Recordamos que la población civil no puede ser involucrada en las hostilidades ni ser objeto de ataques, amenazas, intimidaciones y señalamientos. Las normas del derecho internacional humanitario (DIH) exigen a las partes en conflicto respetar a la población civil y sus bienes. Asimismo, reiteramos la obligación del Estado de garantizar los derechos de las comunidades, incluidas las condiciones para permanecer en sus territorios, movilizarse de manera segura y acceder a servicios esenciales y asistencia humanitaria.
Continuaremos desarrollando acciones de monitoreo, prevención, acompañamiento e incidencia institucional, en el marco de nuestras competencias, para contribuir a la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas y hacer seguimiento a la evolución de la situación humanitaria.
Ante esta situación:
Hacemos un llamado a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San Calixto, El Tarra y El Carmen para que fortalezcan y activen, según corresponda, los mecanismos de prevención, protección y atención humanitaria, de acuerdo con los riesgos y las necesidades identificadas en cada territorio.
Instamos al Gobierno nacional y a las entidades competentes a fortalecer la coordinación con las autoridades territoriales para verificar los hechos reportados, identificar los riesgos, garantizar la atención integral de las personas y familias afectadas y adoptar medidas que permitan prevenir nuevos confinamientos, desplazamientos forzados y otras vulneraciones de derechos.
Reiteramos a los grupos armados su obligación de respetar las normas del DIH, particularmente aquellas relacionadas con la población civil y sus bienes, y de abstenerse de realizar ataques, amenazas y otras acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades o profundicen las consecuencias humanitarias del conflicto armado.
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