Alerta temprana de la Defensoría ante escalada de violencia en Ricaurte y Mallama

Ante el riesgo de escalamiento de la violencia, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 025 de 2026 para los municipios de Ricaurte y Mallama, en el Piedemonte Costero de Nariño, debido a la coexistencia armada entre el grupo Comuneros del Sur (se separó del ELN en 2024) y el Frente Iván Ríos (de la autodenominada y disidente Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB).

Afectaciones

Según la entidad, fueron identificadas afectaciones que impactan de manera conjunta a las poblaciones étnicas y campesinas, liderazgos sociales, firmantes de paz, así como a quienes viven del comercio, al gremio de transportadores y a las misiones médicas. Adicionalmente, niñas, niños y adolescentes están particularmente expuestos al reclutamiento forzado.

Coexistencia

“Este acuerdo, pactado desde 2024, les permite distribuirse el territorio, el control de corredores transfronterizos hacia Ecuador, el tráfico por la troncal Vía al Mar, así como la captación de rentas del narcotráfico y el auge minero ilegal.  La terminación de la mesa de diálogos con la CNEB en agosto del 2026 introduce un riesgo inminente de disputas directas, por lo que no se descarta el reingreso de facciones de la guerrilla del ELN o del Estado Mayor Central, EMC”, indicó la Defensoría en cabeza de Iris Marín.

De acuerdo con la Defensoría, estas organizaciones se apoyan en la tercerización criminal con estructuras como las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), con articulaciones en Ecuador con Los Lobos y Los Choneros, la Nueva Urías Rondón Frente 37 (que suplanta símbolos del EMC) y bandas delincuenciales locales (Los Zabaleteros, Los Marihuanos y Los Flacos); estas bandas asumen tareas directas de sicariato, cobro de extorsiones ('vacunas') y vigilancia, permitiendo el despliegue de un control social e impunidad eficaces.

Para la entidad, estas gobernanzas armadas vulneran la autonomía comunitaria y la integridad de poblaciones indígenas Awá (asociadas a Camawari y Uripawa) y Los Pastos del Gran Mallama.

Y es que, la Defensoría evidencia un deterioro en Mallama, teniendo en cuenta que la tasa de homicidios alcanzó 67,37 por 100.000 habitantes en 2026. La masacre de tres familiares en el resguardo Edén Cartagena (Ricaurte) en febrero de este año, entre los que había una mujer en último mes de gestación, y la masacre de tres jóvenes en la vereda Chucunés (Mallama). 

La entidad también ha registrado graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), como la interceptación en agosto del 2025 de una ambulancia de la Empresa Social del Estado (ESE) de Ricaurte: sujetos con fusiles hicieron descender al personal sanitario y asesinaron al paciente en remisión. Además, persiste la siembra de minas antipersonal (MAP) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en caminos rurales de resguardos.