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Alerta ambiental en Ibagué por fábrica de cerámica de multinacional china sobre acuífero

Denuncian presuntas afectaciones ambientales al acuífero de Ibagué y la quebrada La Barbona por la construcción de una planta de cerámica de la firma china ACME

Por Ximena Frayle MachadoRedacción EXTRA
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Alerta ambiental en Ibagué por fábrica de cerámica de multinacional china sobre acuífero
Imagen de portada · Grupo Editorial Central
Una nueva controversia ambiental se desató en el departamento del Tolima por la construcción de una planta de cerámica de la multinacional china ACME en el sector de Picaleña, vereda Buenos Aires, en zona rural de Ibagué. La activista Luisa Fernanda Bohórquez encendió las alarmas públicas al advertir sobre las posibles afectaciones que este proyecto industrial podría generar sobre el acuífero de Ibagué, un ecosistema hídrico estratégico cuya zona de influencia abastece e impacta a cinco municipios de la región: Ibagué, Alvarado, Piedras, San Luis y Coello.

Hallazgos técnicos y presuntas infracciones en Picaleña

A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, Bohórquez citó el informe técnico 5957 emitido por Cortolima el 24 de julio de 2026, documento en el que presuntamente se registraron infracciones ambientales asociadas a tala de árboles, vertimientos, inadecuado manejo de residuos e intervención directa sobre el cauce y la ronda protectora de la quebrada La Barbona. De igual manera, la denuncia cuestiona la intervención de aproximadamente 21,6 hectáreas mediante labores de excavación y nivelación de terrenos sin que se haya acreditado la respectiva licencia ambiental.
Otro de los puntos críticos señalados por los defensores del territorio tiene que ver con la alta demanda del recurso hídrico que requeriría la operación futura de la fábrica de cerámica. Para los colectivos ciudadanos, resulta urgente esclarecer el origen y la sostenibilidad del suministro de agua previsto para el complejo industrial, con el fin de evitar un desabastecimiento o una contaminación irreversible en las fuentes subterráneas que sostienen la actividad agrícola y el consumo humano en el centro del departamento.

Actuaciones institucionales y exigencia de medidas cautelares

En su exposición, la activista recordó que Cortolima abrió un proceso sancionatorio mediante la Resolución 5329 del 31 de agosto de 2026 y decretó medidas preventivas frente a las obras; no obstante, puso en duda si dichas acciones resultan suficientes para blindar de manera efectiva el acuífero. Por su parte, la Red de Comités Ambientales del Tolima y las veedurías del agua solicitaron desde agosto la imposición de medidas cautelares, requerimiento que fue actualizado y radicado nuevamente el 25 de septiembre bajo el radicado número 2394, sumado a una actuación de vigilancia administrativa iniciada por la Procuraduría.
Frente a este panorama, las organizaciones sociales y ambientales exigieron mayor transparencia institucional, estudios hidrogeológicos rigurosos y garantías reales para la preservación de las fuentes hídricas del territorio. Entre sus peticiones principales figura la suspensión inmediata de los trabajos de construcción mientras las autoridades competentes determinan con precisión el alcance de los impactos ambientales en Picaleña.

Fuente: extra tolima

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