Alcalde de Villa de Leyva enfrenta proceso judicial por presunta concusión y prevaricato
El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades relacionadas con una licencia de construcción.
BOGOTÁ / VILLA DE LEYVA. Un proceso judicial contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, concentra la atención pública por las investigaciones relacionadas con presuntos hechos de concusión y prevaricato por acción. El caso está relacionado con actuaciones administrativas alrededor de un proyecto inmobiliario ubicado en el predio San Cayetano, en la vereda Sabana.
De acuerdo con la hipótesis investigativa de la Fiscalía, el mandatario habría solicitado aproximadamente 112 millones de pesos, suma que correspondería al 20 % del valor de una ampliación de licencia de construcción. Esta situación forma parte de los hechos que deberán ser examinados durante el desarrollo del proceso penal.
La investigación también contempla decisiones administrativas relacionadas con una multa cercana a los 232 millones de pesos y una orden de demolición de obras vinculadas al proyecto inmobiliario.
Pruebas y elementos que serán examinados
Dentro del expediente se encontrarían más de 100 elementos probatorios, entre ellos conversaciones de WhatsApp, registros bancarios, testimonios, grabaciones telefónicas, informes periciales y documentos relacionados con los trámites urbanísticos.
La audiencia preparatoria representa una etapa importante del procedimiento, debido a que en ella se determina cuáles pruebas podrán ser utilizadas durante el juicio oral. La defensa también tiene la oportunidad de controvertir los elementos presentados por el ente investigador y exponer sus argumentos.
Según los reportes periodísticos sobre el caso, una diligencia inicialmente programada para agosto tuvo que ser aplazada a solicitud de la defensa, que pidió tiempo adicional para revisar el material probatorio.
La decisión estará en manos de la justicia
El proceso busca establecer si las actuaciones atribuidas al mandatario constituyen conductas penalmente responsables. Para ello, durante las siguientes etapas deberán presentarse y debatirse las pruebas correspondientes ante el juez competente.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la transparencia en las administraciones municipales, especialmente en los procedimientos relacionados con licencias de construcción, decisiones urbanísticas y actuaciones de los funcionarios públicos.
Por ahora, será la justicia la encargada de determinar si existió alguna conducta delictiva y si hay responsabilidad penal por parte del mandatario.
Es importante señalar que las acusaciones formuladas dentro de una investigación no equivalen a una condena. El alcalde conserva su presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial en firme.
Fuente: Caracol Radio y reportes periodísticos sobre el proceso judicial contra el alcalde de Villa de Leyva.
