Abren incidente de desacato por riesgos estructurales en colegio de Chiquinquirá
Un juzgado vinculó al gobernador de Boyacá y al alcalde de Chiquinquirá por no resolver los riesgos que afectan a un colegio.
El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja abrió un incidente de desacato contra el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, el alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Leonardo Caro, y dos funcionarios de gestión del riesgo, por el presunto incumplimiento parcial de las órdenes judiciales relacionadas con las condiciones de infraestructura de la Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús.
La decisión se tomó debido a que, pese a las medidas adoptadas por las autoridades, continúan los problemas estructurales y sanitarios en la sede principal del establecimiento educativo, ubicada en Chiquinquirá.
Persisten los riesgos en la infraestructura del colegio
Entre las situaciones identificadas se encuentran el deterioro progresivo de la cubierta, el colapso parcial de los techos registrado el 12 de mayo de 2026 y la presencia de palomas, cuyas excretas y nidos han generado problemas de insalubridad en las instalaciones.
El juzgado reconoció que se han adelantado algunas acciones para garantizar la continuidad de las clases, como la reubicación de estudiantes y la restricción del acceso a las zonas consideradas peligrosas. Sin embargo, concluyó que estas medidas provisionales no han sido suficientes para eliminar o mitigar efectivamente las amenazas que enfrenta la comunidad educativa.
La situación también ha obligado a reorganizar las actividades académicas. Los estudiantes de primaria fueron reubicados en la Institución Educativa Pío Alberto Ferro Peña, mientras que otras actividades del colegio han tenido que adaptarse a las restricciones de acceso a los espacios afectados.
Autoridades deberán responder por las órdenes judiciales
El incidente de desacato también involucra a Jaisson Alfredo Carreño, entonces director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, y a Dayana Juliana Rodríguez, directora del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Chiquinquirá.
Como parte de las disposiciones judiciales, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Chiquinquirá deberán coordinar, en un plazo máximo de 10 días, el retiro y la disposición final de los escombros acumulados tras los daños en la infraestructura. También tendrán que realizar jornadas de limpieza, saneamiento y desinfección, además de instalar barreras físicas para impedir el ingreso y la permanencia de aves en las áreas afectadas.
Por su parte, los cuatro funcionarios vinculados tendrán cinco días, contados a partir de la recepción de la comunicación, para presentar sus explicaciones y demostrar las actuaciones adelantadas frente a las órdenes judiciales.
La Gobernación de Boyacá informó que trabaja en la formulación de un proyecto para intervenir integralmente la institución y reemplazar la cubierta, con un presupuesto preliminar cercano a los 1.500 millones de pesos.
La rectora encargada del establecimiento educativo quedó por fuera del incidente, debido a que el juzgado consideró que había cumplido las gestiones correspondientes a sus competencias.
La apertura del incidente busca determinar si existió incumplimiento de las decisiones judiciales y establecer las responsabilidades correspondientes. Por ahora, no representa una sanción definitiva contra los funcionarios involucrados.
Fuente: Caracol Radio — César Correal. · Ver fuente ↗
