22 años por crimen en el barrio Ambalá
Condenan a 22 años y 8 meses al conductor de la motocicleta utilizada en el crimen de Ambalá en Ibagué.
La justicia condenó a 22 años y 8 meses de prisión a Camilo Andrés Tabares Cardona, conocido con el alias de ‘Mecánico’, por su participación en el homicidio de Jhon Martínez, de 25 años, ocurrido el 11 de marzo de 2026 en Ibagué. La decisión judicial se conoció el 27 de octubre, luego de que el procesado aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
El asesinato se registró en el sector de Las Delicias, ubicado en la parte alta del barrio Ambalá. Según la investigación, la víctima, conocida como ‘Tito’, se encontraba en un establecimiento comercial viendo un partido del Deportes Tolima cuando fue sorprendida por dos hombres que llegaron al lugar en una motocicleta y perpetraron el ataque armado.
Ataque mortal
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, uno de los ocupantes de la motocicleta descendió o se aproximó para disparar contra Martínez, quien recibió un impacto de bala en el tórax. Tras la agresión, el joven fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Las labores investigativas permitieron establecer que Camilo Andrés Tabares Cardona, de 31 años, era quien conducía la motocicleta utilizada para transportar al hombre señalado de accionar el arma de fuego. Su presunta participación como conductor del vehículo fue determinante dentro del proceso que permitió esclarecer su intervención en el homicidio.
Condena judicial
El procesado fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía Metropolitana de Ibagué. Posteriormente, aceptó su responsabilidad a través de un preacuerdo con la Fiscalía, mecanismo que fue presentado ante un juez de conocimiento y recibió el correspondiente aval judicial. La actuación permitió avanzar hacia la definición de su situación penal.
El 27 de octubre, el juzgado lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, partes o municiones, imponiéndole una pena de 22 años y 8 meses de prisión. La decisión también negó beneficios o sustitutos penales, por lo que deberá cumplir la condena en un establecimiento penitenciario, sin perjuicio de los recursos legales procedentes al tratarse de una sentencia de primera instancia.
