Noche de manifestaciones, padres protestan por el abuso de niños: Una fuerte protesta paralizó la movilidad en la calle 11 sur con carrera 10 en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, luego de que se conociera un presunto caso de abuso sexual contra seis menores de edad. La comunidad del barrio Villa Javier salió masivamente a las calles para exigir justicia, denunciando que un funcionario del jardín infantil Jardín Canadá Sede F del ICBF habría sido el autor de los aberrantes hechos. La indignación crece debido a la presunta falta de acción por parte de la institución y las autoridades competentes.
Los manifestantes cerraron el paso de los buses articulados de TransMilenio como forma de presión para que el caso no quede en la impunidad. Según los padres de familia, las directivas del jardín infantil han guardado silencio desde que se hicieron públicas las denuncias, negándose a entregar información clara sobre el acusado. Además, señalaron que no se ha brindado acompañamiento psicológico ni garantías para la protección de los menores afectados.

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De manera alarmante, la comunidad denunció que, aunque el presunto agresor fue retenido por los vecinos y entregado a la Policía la semana pasada, fue dejado en libertad ese mismo día sin mayor explicación. Este hecho avivó la molestia generalizada y motivó la jornada de protesta que tuvo lugar este lunes. Mientras tanto, más niños del jardín están siendo llevados a Medicina Legal para realizarles exámenes, lo cual podría revelar que hay más víctimas de lo inicialmente reportado.
Frente a la falta de respuestas institucionales, madres, padres y vecinos han decidido tomar acciones contundentes. A las 4 p.m., se convocó una nueva manifestación para cerrar la carrera 7 y la carrera 10. La comunidad pide la intervención inmediata de la Fiscalía, la Secretaría de Integración Social y la Defensoría del Pueblo. También hacen un llamado a organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y ciudadanía en general para que acompañen la exigencia de justicia y visibilidad del caso.

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Este no es un hecho aislado. Casos similares de abuso infantil dentro de instituciones educativas han generado un creciente reclamo ciudadano por mayores controles, investigaciones transparentes y protección efectiva para los menores. La ciudadanía exige que el sistema de justicia actúe con rigor y que las instituciones involucradas no encubran a los agresores. Los niños y niñas merecen entornos seguros, y la negligencia institucional no puede seguir costando vidas ni bienestar infantil.




