La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha demostrado su compromiso con la imparcialidad y la responsabilidad al aplazar nuevamente la elección del nuevo Fiscal General de la Nación. A pesar de las fuertes presiones de diversos colectivos que exigían una elección inmediata, la Corte Suprema ha optado por la prudencia y la rigurosidad en el proceso de selección.
La decisión de aplazar la elección se basa en la ausencia de una mayoría clara para ninguna de las ternadas propuestas por el presidente Gustavo Petro: Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez. Es fundamental recordar que, según el reglamento, se requieren al menos 16 votos para designar al nuevo jefe del ente investigador para el período 2024-2028.
La sesión, que transcurrió en medio de protestas frente al Palacio de Justicia en Bogotá, refleja la importancia de respetar los procedimientos establecidos. Aunque entendemos la ansiedad de la ciudadanía por contar con un nuevo Fiscal General, es esencial mantener la integridad del proceso y no ceder ante presiones externas.
El presidente del alto tribunal, magistrado Gerson Chaverra, informó que la votación continuará en la próxima Sala Plena. Mientras tanto, la vicefiscal, Martha Mancera, asumirá como fiscal encargada a partir del 13 de febrero hasta que se elija al nuevo fiscal entre las candidatas ya mencionadas.
Es alentador ver que la Corte Suprema prioriza la transparencia y la legitimidad en la elección de una figura clave para la administración de justicia en el país. Esta decisión también destaca la importancia de mantener un proceso de selección exhaustivo que garantice la idoneidad y la independencia del futuro Fiscal General.
La declaración del presidente de la Corte, Gerson Chaverra, refleja un compromiso continuo con la función constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La próxima sesión ordinaria, programada para el 22 de febrero, será crucial para finalizar el proceso de elección y ofrecer a Colombia un Fiscal General que cumpla con los más altos estándares de integridad y profesionalismo.
En momentos cruciales como estos, la ciudadanía debe confiar en que las instituciones actúan en beneficio de la justicia y el bienestar común. La Corte Suprema ha demostrado ser un bastión de la legalidad y la equidad, y su compromiso con el proceso democrático es digno de reconocimiento.
