Una nueva tormenta judicial sacude al hijo mayor del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía radicó una nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, por su supuesta participación en una red de contratos irregulares que superan los $3.000 millones, firmados cuando se desempeñaba como diputado del Atlántico. Lo más grave: esos contratos jamás se ejecutaron.
En medio del escándalo, Petro Burgos rompió el silencio este miércoles en una entrevista con Caracol Radio, donde denunció presiones políticas para llevarlo de nuevo a la cárcel y aseguró que no tiene intenciones de fugarse ni de evadir a la justicia.
“La Fiscalía quiere volver a montarme un caso, como ya lo hicieron en 2023 antes de las elecciones. Ya denunciamos esto, pero ahora insisten con otro proceso falso”, dijo.
Esta nueva ofensiva judicial se suma a los cargos que ya enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ahora, la Fiscalía lo señala también por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, por su presunto papel en la firma de cinco contratos cuestionados, a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.
Los contratos estaban dirigidos a beneficiar a adultos mayores y estudiantes con discapacidad, pero nunca fueron ejecutados, según las autoridades. Petro Burgos negó cualquier vínculo con las entidades involucradas:
“No tengo ninguna relación con esa fundación. Ni siquiera conozco al representante legal”, afirmó, al tiempo que criticó duramente la filtración de información del proceso.
En particular, el hijo del presidente cuestionó que la periodista Vicky Dávila, a quien llamó “precandidata presidencial”, haya anticipado en redes sociales una imputación que, según él, ni siquiera había sido radicada en ese momento:
“A las 8:00 am ella ya lo anunciaba, pero la Fiscalía solo radicó la imputación a las 2:00 pm. ¿Quién le filtró esa información?”, se preguntó.
Su abogado, Alejandro Carranza, fue más allá y aseguró que Nicolás Petro fue presionado anteriormente para involucrar a su padre en los hechos, a cambio de beneficios procesales. También confirmó que ya denunciaron penalmente a la fiscal del caso, Lucy Laborde, por presuntas irregularidades en la filtración y manipulación del proceso.
“La denunciamos por fraude procesal, prevaricato y revelación de secreto”, afirmó el defensor.
Este nuevo episodio judicial se suma al escándalo que estalló en 2023, cuando la Fiscalía reveló que Nicolás Petro habría desviado dinero de procedencia ilícita, originalmente destinado a financiar la campaña presidencial de su padre, y con el cual habría aumentado de forma injustificada su patrimonio personal.
Con esta nueva imputación, el panorama legal de Nicolás Petro se complica aún más, mientras crecen las tensiones entre el círculo presidencial, la Fiscalía y los sectores políticos que siguen de cerca cada uno de sus movimientos.
