El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el departamento del Valle del Cauca, declaró como inocentes a Dagoberto Riascos Micolta y Jorge Iván Rengifo Abadía, exrectores de la Universidad del Pacífico, así como a Julio Enrique Guevara Jaramillo, exdirector del Instituto Nacional de Vías Invías en Caldas, quienes enfrentaban cargos por presunto peculado por apropiación a favor de terceros.
Caso
Los tres exfuncionarios habían sido acusados por la Fiscalía General de la Nación en el marco de una investigación sobre el manejo de recursos públicos vinculados a un convenio interadministrativo entre la Universidad del Pacífico y el Instituto Nacional de Vías Invías. Según la acusación, los imputados se habrían apropiado indebidamente de 630 millones de pesos. No obstante, el Tribunal determinó que no existieron pruebas que demostraran la apropiación ilegal de dichos fondos ni que un tercero se beneficiara indebidamente de estos recursos. En su fallo, los magistrados argumentaron que la propia Fiscalía reconoció que no hubo un tercero favorecido con los dineros investigados, lo cual desvirtúa el tipo penal por el que fueron procesados. La decisión se basó en que los fondos en cuestión fueron consignados a favor de la Universidad del Pacífico y permanecieron dentro del patrimonio de la institución, siendo simplemente transferidos de una cuenta bancaria a otra, ambas pertenecientes a la misma universidad. Por tanto, no se configuró ninguna apropiación indebida.
Pronunciamiento
Dagoberto Riascos Micolta, uno de los exrectores absueltos, expresó su satisfacción con la decisión del tribunal. “En segunda instancia, los honorables magistrados de este tribunal confirmaron que no tengo responsabilidad penal frente a los señalamientos de la Fiscalía por presuntamente haber apropiado recursos de un convenio interadministrativo con Invías para favorecer a terceros cuando fungía como rector de la Universidad del Pacífico”, afirmó el exfuncionario. “Esto demuestra que nunca se cometió ningún delito, que nunca se configuró una actuación penal y menos un peculado por apropiación en favor de terceros”, añadió. Riascos destacó además que las actuaciones realizadas con los recursos públicos durante su administración siempre contaron con trazabilidad legítima, lo que permitió a su equipo de defensa demostrar la legalidad de los movimientos financieros y la inocencia de los implicados.
Destacado
En abril de 2024 la Fiscalía había ordenado la captura de los tres funcionarios con privación de libertad domiciliaria, intramural y condicional.
